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Deberes específicos de prevención, investigación y sanción
penalicen las acciones u omisiones que puedan afectar el adecuado goce y ejercicio de los derechos fundamentales
de todas las personas.
En este orden de ideas ¿considera usted que la existencia de un marco normativo adecuado es suficiente
para el cumplimiento de la obligación de protección? Con base en las variables de investigación
antes planteadas, así como en su experiencia ¿qué otras medidas serían necesarias para cumplir dicha
obligación?
Aún más, atendiendo a los hechos del caso, en el mismo se refirió que el estado de Janitzio cuenta con
una Ley para la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer con la finalidad de “desincentivar
la comisión de violaciones de los derechos humanos de las mujeres” e incluso en virtud de dicha
ley se creó el Instituto de atención especializado en derechos de las mujeres con el objetivo de “concientizar
a la población, y a las mujeres en particular, de sus derechos y de aquellos mecanismos estatales disponibles
para su protección”. Adicionalmente el Estado contaba con la regulación de los delitos de lesiones,
homicidio y violencia familiar. Con ello ¿puede considerarse agotada la obligación de protección del
Estado? A continuación se abordará dicha cuestión.
Como se destacó previamente, la obligación genérica de proteger derechos humanos responde a la necesidad
de que dentro del Estado existan elementos normativos de naturaleza estructural que permitan
hacer frente a posibles violaciones a derechos, es decir, dicha obligación positiva es de carácter sustantivo
de acuerdo con la clasificación desarrollada por el Tribunal Europeo. La sola existencia de un marco
legislativo de protección no resulta suficiente para hacer frente a todos aquellos riesgos de vulneración
a los que se enfrentan los derechos humanos en sociedades como las actuales.
Es importante advertir que las violaciones a derechos humanos, no únicamente pueden ser cometidas
por el Estado o por sus agentes, como tradicionalmente lo ha establecido la teoría de la verticalidad de
los derechos humanos, sino que dada la complejización creciente del contexto económico y político,
también los particulares pueden realizar acciones u omisiones que atenten contra el libre ejercicio de los
derechos humanos de las personas. 56
Dicha situación ha tornado necesario que el Estado amplíe sus mecanismos de protección e intervención
a conductas desplegadas por entes particulares que actúen de manera individual o colectiva,
como el caso de las empresas. Esta nueva extensión de las obligaciones del Estado en materia de derechos
humanos ha derivado en el surgimiento de la teoría del “efecto horizontal” 57 o Drittwirkung der
Grundrechte 58 a fin de garantizar la aplicabilidad de los derechos humanos aún en las relaciones entre
particulares.
56 Sarah Joseph, “An Overview of Human Rights Accountability of Multinational Enterprises” en Menno Kamminga y Sam Zia-Zarifi
(eds), Liability of Multinational Corporations under International Law, Kluwer, 2000, 251.
57 Gonzalo Aguilar Cavallo y Cristian Contreras Rojas, “El Efecto Horizontal de los Derechos Humanos y su Reconocimiento Expreso
en las Relaciones Laborales en Chile” en Ius et Praxis, vól. 1, núm. 13, Universidad de Talca, pp. 205 a 243.
58 Javier Mijangos y González, “La Teoría del ‘Drittwirkung der Grundrechte’ en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos” en Estudios de la Ciencia del Derecho Procesal Constitucional Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años
como investigador del derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 2008, p. 548.