Criterios y estrategias para la promoción del uso del euskera en el ...

organismos públicos y organismos subvencionados, y para los sectores de interés
general. En consecuencia, conforme a la Ley Básica 10/1982 de 24 de noviembre que
regula el Uso del Euskera, además de reconocer el derecho a utilizar cualquiera de
las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, refleja también el propósito
de promocionar el uso del euskera, conforme al propio principio de progresividad.
En consecuencia, dicha ley establece el marco que ahora habrá que desarrollar mediante
los reglamentos, progresivamente, para actuar en beneficio de los derechos lingüísticos
de los consumidores y los usuarios, y para protegerlos.
Por lo tanto, al Gobierno Vasco se le exige fijar y cumplir los aspectos que deben desarrollarse
mediante reglamento como desarrollo de la Ley. Así mismo, es de prever
que se determinarán estos aspectos mínimos que deben cumplir estos organismos
sujetos a la ley mediante reglamento y los recursos que ayudarán a cumplir dichos
aspectos.
Dada la influencia que tiene en el ámbito socioeconómico, hay que tener muy presente
que las administraciones públicas pueden prestar sus servicios a través de la
gestión indirecta, y que a pesar de que el servicio lo explote una empresa particular,
es la administración la que determina la manera de prestar el servicio. Por lo
tanto, teniendo en cuenta que, por un lado, el titular del servicio es la administración
y, por otro, la dimensión de los servicios de ese tipo, resulta totalmente indispensable
que todas las administraciones establezcan y aprueben definitivamente los
criterios lingüísticos para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y
las obligaciones lingüísticas para con ellos en la gestión indirecta de los servicios
públicos.
Por lo tanto, de igual modo que es preciso determinar unas obligaciones básicas concretas
para poder proteger y garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios y los
consumidores y poner a disposición los recursos para ello, es a su vez necesario poner
en marcha un programa coordinado para asegurar que esas obligaciones legales, por lo
menos, se cumplirán de verdad, y no sólo con las partes sujetas a la ley, sino también
con las demás.
Formación profesional
En el curso 2003/2004, el 48,2% de los alumnos que cursó enseñanza obligatoria eligió
el modelo D, el 22,5% el modelo B y el 29,3% restante el modelo A.
Según la red, aunque el modelo D sea mayoritario en la pública y en la privada, hay
grandes diferencia entre ellas. Así, en la red pública, el modelo D incluye al 62,1% de los
alumnos y el modelo A al 23,6%. En la privada, en cambio, el número de alumnos de los
modelos D y A es parejo (35,5% y 34,5%, respectivamente).
El modelo D es mayoritario en la educación infantil (62,3%) y en la enseñanza secundaria
obligatoria (44,4%). En cambio, en el bachillerato y, principalmente, en la formación
profesional, el modelo mayoritario es el A (55,9% y 83,6%, respectivamente).
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