la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos ...

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7. Participación de la comunidad: el proyecto debe incluir un plan eficaz de
participación de la comunidad durante todo su ciclo vital, y desde sus etapas
más tempranas.
8. Vigilancia y cumplimiento de las normas en el marco del proyecto: el Estado
debe poder vigilar que el proyecto cumpla las normas pertinentes de protección
de los derechos humanos y, al mismo tiempo, proporcionar a los inversores las
garantías necesarias contra interferencias arbitrarias en el proyecto.
9. Mecanismos de reparación de agravios por daño extracontractual a terceros:
los particulares y las comunidades que sufran los efectos de actividades
del proyecto, pero no sean partes en el contrato, deben tener acceso a un
mecanismo no judicial de reparación de agravios que sea eficaz.
10. Transparencia/publicación de las condiciones del contrato: las condiciones
del contrato deben publicarse, y el alcance y duración de las excepciones a
esa publicación deben obedecer a razones convincentes.
Fuente: A/HRC/17/31/Add.3.
P 37. ¿Cómo deben evaluarse las consecuencias negativas
sobre los derechos humanos?
Los enfoques tradicionales de la evaluación del riesgo pueden dar a entender
que la probabilidad de que se produzca una consecuencia negativa sobre
los derechos humanos es tan importante como su gravedad. No obstante,
si una consecuencia negativa sobre los derechos humanos tiene una baja
probabilidad, pero una alta gravedad, la primera no contrarresta la segunda.
La gravedad de esa consecuencia, entendida como su “escala, alcance y
carácter irremediable” es fundamental (véase el Principio Rector 14). Del
mismo modo, los riesgos relacionados con los derechos humanos no pueden
ser objeto de un simple análisis costo-beneficio en el que los costos que supone
para la empresa la prevención o mitigación de las consecuencias negativas
sobre los derechos humanos se comparan con los que supone el hecho de que
se la haga responsable de esas consecuencias.
Como se explica en el comentario del Principio Rector 18, el proceso de
evaluación de las consecuencias negativas potenciales y reales sobre los
derechos humanos incluye habitualmente “evaluar el contexto de derechos
humanos antes de emprender una actividad empresarial propuesta, siempre
que sea posible; identificar a los posibles afectados; catalogar las normas y
cuestiones pertinentes de derechos humanos; y proyectar las consecuencias de