la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos ...

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negativas reales y potenciales sobre los derechos humanos asociadas con las
actividades y las relaciones comerciales de una empresa y puedan guiar de
forma precisa las medidas que se adopten posteriormente en el marco del
proceso de diligencia debida.
P 38. ¿Hasta dónde debe profundizar una empresa a la
hora de evaluar sus consecuencias negativas sobre los
derechos humanos?
El propósito de la evaluación de las consecuencias negativas es detectar
cualquiera de ellas en la que pudiera verse involucrada una empresa. Como
se expone en el Principio Rector 13, eso incluye las consecuencias que pueda
causar o contribuir a causar con sus propias actividades y las consecuencias
a las que, aunque no haya contribuido, estén vinculadas con sus operaciones,
productos o servicios a través de una relación comercial. Así pues, al evaluar
las consecuencias negativas reales y potenciales sobre los derechos humanos,
una empresa debe tener en cuenta tanto sus propias actividades como sus
relaciones comerciales.
P 39. ¿Qué se entiende por evaluar las consecuencias
negativas que se produzcan por las propias actividades
de una empresa?
Una empresa puede causar o contribuir a causar consecuencias negativas
sobre los derechos humanos por sus propias actividades. Puede contribuir a
esas consecuencias si mantiene a sus empleados trabajando hasta altas horas
de la noche en una zona en que no sea seguro para las mujeres caminar hasta
su casa en la oscuridad y alguna de ellas sufra un ataque cuando se dirige a
su hogar; o si presta a las fuerzas de seguridad vehículos que utilizan para
trasladarse a las aldeas y cometer atrocidades.
P 40. ¿Qué se entiende por evaluar las consecuencias
negativas en que una empresa se vea involucrada como
resultado de sus relaciones comerciales?
En el Principio Rector 18 no se pretende exigir a las empresas que evalúen los
antecedentes en materia de derechos humanos de cada una de las entidades
con las que mantengan relaciones. Se trata de evaluar el riesgo de que esas
entidades puedan vulnerar los derechos humanos cuando desempeñen su
actividad en relación con las operaciones, productos o servicios propios de
la empresa.