la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos ...

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negativas, potenciales y reales, sobre los derechos humanos, hay cuestiones
más amplias relacionadas con el interés público que repercuten en la rendición
de cuentas.
Así pues, las empresas necesitan poder demostrar que están cumpliendo en la
práctica su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Eso entraña,
como mínimo, disponer de sistemas internos de recogida de información y
rendición de cuentas y poder dar cuenta en el plano externo de sus acciones
si se ve acusada de violaciones de los derechos humanos.
P 55. ¿Hasta qué punto se espera que una empresa comunique
información?
El Principio Rector 21 se centra en estar en condiciones de comunicar la forma
en que una empresa aborda sus consecuencias negativas sobre los derechos
humanos. Eso significa que es preciso disponer de la información para poder
estar en condiciones de comunicarla. El momento, los receptores y los medios
de transmisión de esa comunicación habrán de ser objeto de decisiones
separadas.
En el presente principio no se propone que una empresa tenga que revelar
públicamente todas las cuestiones detectadas en las evaluaciones continuas de
su repercusión en los derechos humanos o de las medidas que adopta para
mitigar todos los riesgos detectados. Se trata, en primer lugar y sobre todo,
de estar en condiciones de comunicar los enfoques generales que utiliza para
hacer frente a sus riesgos relacionados con los derechos humanos y puede
incluir, en algunos casos, la comunicación de la respuesta específica ante una
consecuencia negativa concreta.
Si la empresa plantea riesgos importantes en relación con los derechos
humanos, el interés público superior dicta la necesidad de que presente
informes de una manera más formal y periódica a fin de dar cuenta de los
sistemas de que dispone para mitigar esos riesgos y hacer frente a cualquier
daño que se pueda producir.
P 56. ¿Qué debería una empresa estar en condiciones de
comunicar?
Las fases anteriores del proceso de debida diligencia en materia de derechos
humanos permiten a una empresa determinar sus consecuencias negativas
reales y potenciales sobre los derechos humanos, actuar en función de los
resultados y hacer un seguimiento de la eficacia con que está respondiendo.