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Una opinión que comparte el académico
de la Universidad de Chile, Pedro
Maldonado, quien pone el foco en la necesidad
de cambiar el DFL 1 de 1982,
que regula el funcionamiento del sector
te
sustituir el esquema tarifario marginalista.
Factores que, a su juicio, son los
responsables de la crisis del sistema
energético chileno, que se caracteriza
por ser “dependiente, concentrado, su-
Se trata de temas sensibles, coinciden
los expertos, ya que el actual esquema
eléctrico se caracteriza por la escasez
de actores. Es por esto que se instala
la duda de que sea el mercado, por sí
mismo, el que permitirá incorporar nuevos
actores y mayor competencia.
En este escenario, faltó establecer
metas cuantitativas obligatorias para lograr
la desconcentración del mercado,
añade el representante de la Comisión
Ciudadana Técnico Parlamentaria de
Energía (CCTP), Rodrigo García. Una
de ésas metas podría haber estipulado
de que ningún actor posea más de un
20% del mercado al año 2020, ni más
del 10% al 2030, explica García.
Otro tema olvidado en la nueva hoja
de ruta del gobierno fue el cambio regulatorio
para independizar a los Centros
de Despacho Económico de Carga
(CDEC) de las empresas.
“Con esta medida, estas instituciones
se hubiesen abierto a una gestión más
en la matriz, eliminando las barreras de
entrada a nuevos miembros e incentivando
el acceso masivo de energías limpias”,
sostiene García.
Comunidades y
Si la ausencia de mayor competencia
en el sistema eléctrico preocupó a
algunos, también lo hizo la falta de un
tratamiento más profundo para el vín-
ambiental de los proyectos. Es más. No
se plantean reformas claves a la institucionalidad
ambiental, dicen las voces
críticas.
Para Flavia Liberona, este punto es
esencial, ya que si no se entienden las
causas, no se pueden buscar soluciones
Pero lo más preocupante, asegura
Liberona, es que en la agenda se esbozan
mecanismos para agilizar la entrega
de derechos de agua no consuntivos sin
ningún vínculo con las regulaciones ambientales.
“Considerando este planteamiento,
el sistema seguiría operando como
lo hace actualmente, es decir, se puede
aprobar ambientalmente un proyecto
hidroeléctrico sin que tenga los derechos
de agua, lo cual es “curioso” por
decirlo menos”, asevera.
Y es que la viabilidad de la agenda
también depende de que se considere
realmente la opinión de las regiones y
las comunidades. “Varios puntos relevantes
para los territorios, que fueron
discutidos con el ministro (de Energía,
Máximo) Pacheco en el proceso de elaboración
participativa de la agenda, no
se tomaron en consideración”, revela
el representante de la CCTP, Rodrigo
García.
Otro aspecto crítico para Pedro Maldonado,
de la Universidad de Chile, es
que el énfasis del plan de obras actual
puede entrar en contradicción a la hora
de incorporar mayor participación ciudadana,
además de dar licencia social a
los proyectos y avanzar en un ordenamiento
territorial integral.
Por otro lado, para Maldonado no
está clara la mención que se hace en el
documento acerca de promover la generación
distribuida. ¿Se trata sólo de
autogeneración residencial o supone
cambiar el paradigma de los macro-
julio 89 nme