Panorama Social de América Latina 2016

Panorama Social de América Latina • 2016
Capítulo III
173
Esta Convención constituye un instrumento jurídico regional que busca promover, proteger
y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, para
asegurar su inclusión, participación e integración plena en la sociedad.
Como acuerdo regional vinculante para los Estados americanos que la suscriben,
los compromete a adoptar y generar, si fuese necesario, cambios en sus normativas
constitucionales para ajustarse a las disposiciones de la Convención y así asegurar que
se tomen las medidas legislativas necesarias para promover y defender los derechos y
libertades de las personas de edad. Uno de los principios generales que busca resguardar
la Convención es la valorización de las persona de edad, con especial hincapié en su papel
en la sociedad y las formas en que hacen una valiosa contribución al desarrollo de los países.
La protección de la dignidad, independencia y autonomía de las personas mayores busca
crear una atmosfera de igualdad y no discriminación, generando una situación favorable
para este grupo y asegurando su bienestar físico, económico y social.
Los Estados se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertados
fundamentales de la persona mayor y a tal fin adoptarán medidas para prevenir, sancionar
y erradicar aquellas prácticas contrarias a la Convención, tales como aislamiento, abandono,
sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de
nutrición, infantilización tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras,
y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.
La Convención también plantea fortalecer las medidas legislativas, administrativas,
judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la
justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos
los ámbitos. También es un deber la creación de instituciones públicas especializadas en la
protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral, y la
promoción, de forma transparente, de la recopilación de información adecuada, incluidos
datos estadísticos y de investigación, que permitan formular y aplicar políticas.
Fuente: Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Recuadro III.4
Convención Interamericana
sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las
Personas Mayores
Los avances en esta materia a nivel internacional han tenido un correlato en el ámbito
nacional. Actualmente, 19 de los 23 países de los cuales se dispone de información
cuentan con legislaciones específicas e instancias especializadas para la protección
de la población de personas mayores (véase el cuadro III.6). Asimismo en los países
federales existe importante legislación en el ámbito subnacional.
La diversidad en cuanto a las instituciones dedicadas a las personas mayores es grande
y se pueden identificar servicios (Chile), subsecretarías o institutos (México y Uruguay),
direcciones (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Cuba, Honduras y Perú), consejos
nacionales (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de) y otros.
En contraste con las instancias dedicadas a la población infantil y adolescente, en
donde las figuras que predominantemente ejercen la rectoría son la Presidencia o la
Vicepresidencia de la República, en el caso de la institucionalidad para las personas
mayores la rectoría descansa con mayor frecuencia (10 de los 23 países observados)
sobre los Ministerios de Desarrollo o Inclusión Social. Por otra parte, las instancias
rectoras son otros ministerios en 9 casos (ministerios de salud, justicia o diversas
instituciones de seguridad social) y solo 3 instancias quedan bajo el alero de la Presidencia,
la Vicepresidencia o dentro del entorno familiar del Poder Ejecutivo.
En general, no obstante, se trata de arquitecturas recientes. Solo en algunos casos
—los países del Caribe, la Argentina, Costa Rica, Cuba y México—, la institucionalidad
En contraste con las
instancias dedicadas
a la población infantil
y adolescente, en
donde las figuras que
predominantemente
ejercen la rectoría son
la Presidencia o la
Vicepresidencia de la
República, en el caso
de la institucionalidad
para las personas
mayores la rectoría
descansa con mayor
frecuencia sobre
los Ministerios
de Desarrollo o
Inclusión Social.