Antología - Banco de Reservas

Escritos históricos José Gabriel García
Declara: que los generales de brigada J. P. Duarte, Ramón Mella, Francisco Sánchez; los comandantes
Pedro Pina, Gregorio Delvalle, Juan Jimenes y el capitán J. Illas y el Sr. Juan Isidro Pérez, secretario, que
fue de la Junta Central Gubernativa, han sido traidores e infieles a la Patria, y como tales indignos de los
empleos y cargos que ejercían, de los que quedan depuestos y destituidos desde este día; ordena que todos
ellos sean inmediatamente desterrados y extrañados a perpetuidad del país, sin que puedan volver a poner
el pie en él bajo la pena de muerte que será ejecutada en la persona del que lo hiciere, después que sea
aprehendido y que se justifique la identidad de la persona; a cuyo efecto, se le da poder y facultad a cualquier
autoridad civil o militar que verifique la captura, todo esto sin perjuicio de las indemnizaciones civiles que
daban al Erario público, o a algunos ciudadanos particulares, por la malversación que hayan tenido en sus
empleos por el abuso de poder que hayan hecho o por los daños y perjuicios que hayan causado.
La presente disposición será ejecutada por el Jefe Supremo militar, quien puede tomar todas las
medidas de precaución y seguridad que juzgue oportuno. Queda esta causa abierta contra otros individuos
complicados en el mismo crimen que se encuentran en estado de arrestación en esta capital, o que
puedan ser descubiertos en adelante para recoger las aclaraciones necesarias e imponerles también las
penas a que se han hecho acreedores o que el gobierno juzgue adecuadas para escarmentarlos y asegurar
la tranquilidad pública.
Dado en la ciudad de Santo Domingo, 22 de agosto de 1844 y 1º de la Patria.
El presidente de la Junta, Jefe Supremo, Pedro Santana. Jimenes. Bobadilla. Félix Mercenario. Toribio
Mañón. J. Tomás Medrano. N. Linares. Toribio L. Villanueva. F. M. Marcano, secretario ad.hoc.
La Opinión,
1º de octubre de 1874.
Convenio entre Buenaventura Báez y José María Cabral
Cuando el ejército revolucionario asediaba esta Capital el último día del año 1873, el
gobierno de Báez, arrastrado por la fuerza de la opinión, abdicó celebrando un convenio con
el jefe expedicionario en el cual obtuvo la revolución triunfante la parte peor.
Y ese convenio, a pesar de las trabas que al gobierno provisorio puso, ha sido observado
con escrupulosa exactitud.
Y cuando no fuera así, notaríamos que si en algo se ha descuidado, a favor ha sido de los
que formaron parte del régimen de los seis años.
Ahora bien, ¿sucedió lo mismo cuando Cabral depuso el mando en 1868?
Por el contrario: entonces la revolución logró tratar a su antojo, y el Gobierno desconocido
ya y que iba a cesar, aceptó una convención asaz onerosa para el partido anti-baecista.
Y sin embargo ese convenio fue irrisorio.
El general Cáceres, jefe expedicionario, se comprometió a nombre de su Gobierno a
respetar las personas y bienes de los parciales de Cabral, y Báez se burló de la palabra empeñada,
y desde la hora misma en que pisó con su trémulo pie las gradas del solio presidencial, violó el
pacto celebrado entre los dos partidos y dio comienzo a la vasta serie de violaciones despóticas
que forman el panegírico de los seis años, y le han constituido, y son las credenciales que le
acreditan, oscuro tiranuelo de la República Dominicana.
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