Conectando Ciudadanía - Instituto Federal Electoral

las mismas instancias que las condenaron, señalaron que es muy
importante evidenciar los abusos de derechos porque tod@s estamos
en riesgo.
Después explicaron cómo ha sido el proceso jurídico que
comenzó el 17 de mayo de 2006. Hablaron de cómo la “justicia”
de los de arriba las cuestionó, las maltrató verbalmente y las
ignoró. Por ejemplo, explicaron que cuando algunas compañeras
decidieron denunciar las violaciones la fiscal puso en entredicho
su palabra y las hizo someterse a pruebas físicas y psicológicas
para probar la violación que el tiempo que estuvieron en prisión
no fueron informadas ni atendidas, que muchas veces les prometieron
ayuda pero que nunca llegaba, que cuando por fin la fiscal
María Guadalupe Morfín (del Fiscalía Especial para los Delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra)) las
recibió el 29 de abril de este año sólo les dio respuestas evasivas.
En cuanto a los efectos de la denuncia en el Estado de México,
dijeron que de los 21 policías (de los más de mil que participaron
en el operativo) sujetos a proceso, 15 han sido exonerados. Que
uno de los acusados, reconocido por una de las compañeras
presas, no fue juzgado por abuso de autoridad sino por actos
libidinosos (porque quitaron del código penal el término sexo oral
y entonces ya no cuenta como violación) y que le dieron 3 años y
2 meses de condena conmutable a 8400 pesos. Que los otros 5
fueron procesados por abuso de autoridad lo que equivale a
sentencias cortas y también conmutables por poco dinero.
A raíz de que en el país no ha habido justicia se han visto obligadas
a acudir a instancias internacionales. En este sentido la querella
que interpuso la española deportada Cristina Valls ante la Audiencia
Nacional del estado español bajo la jurisprudencia universal (el
Estado puede retomar casos de delitos no sancionados en el país
donde sucedieron) ha sido muy importante por 2 motivos: en
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