Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

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ESCRITO DE LA IGAE DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1997. SOBRE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ART. 74.4 DEL TRLGP Y EN ESPECIAL SOBRE LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN LOS ÓRGANOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESTATALES. Por parte de diversas Intervenciones, se han planteado ante esta Intervención General consultas relacionadas con el ámbito de aplicación del artículo 74.4 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y muy en especial respecto de la posibilidad de suscribir convenios de colaboración por parte de los órganos de los distintos Departamentos Ministeriales con los Organismos autónomos estatales. Al respecto, se efectúan las siguientes consideraciones: La Ley 11/1996, de Medidas de disciplina presupuestaria, de 27 de diciembre, modificó, entre otros, el artículo 74 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. En lo que a convenios de colaboración se refiere, dicha modificación consiste en la redacción del artículo 74.4 del siguiente tenor: “Artículo 74.4. Los órganos de los Departamentos Ministeriales y sus Organismos autónomos competentes para la suscripción de convenios de colaboración o contratos-programa con otras Administraciones públicas o con entidades públicas o privadas necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el gasto que de ellos se derive sea de cuantía indeterminada o — 111 —
haya de extenderse a ejercicios posteriores. Con carácter previo a la suscripción se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las obligaciones a adquirir y, en caso de gastos de carácter plurianual, la correspondiente distribución de anualidades”. De la literalidad del precepto se deduce que el ámbito subjetivo del artículo está formado de una parte por aquellas entidades que precisan autorización para suscribir los convenios, esto es, los órganos de la Administración General del Estado (“los órganos de los Departamentos ministeriales”) y los Organismos Autónomos estatales (“sus Organismos autónomos”). De la otra parte está cualquier Administración pública (“otras Administraciones públicas”) y las entidades públicas y privadas. Por Administración pública deben entenderse no sólo las Administraciones territoriales, obviamente, sino también a las que componen la Administración institucional, incluso la estatal. Así lo establece el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: “Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, tendrán asimismo la consideración de Administración Pública”. Es pues, la posesión de personalidad jurídica la que les da esa condición. En la misma idea se pronuncia la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, al considerar en su artículo 1º que son Administraciones Públicas las Instituciones públicas sometidas a la tutela del Estado. Por consiguiente, los Organismos autónomos estatales tienen la consideración de Administración pública, a pesar de que se les considere en denominación reiteradamente usada por la doctrina, como administraciones “menores”, por estar sometidas a una tutela más o menos amplia de diversos órganos de la Administración General del Estado. Es por ello que del tenor literal del artículo 74.4 se obtiene que es preceptiva la autorización del Consejo de Ministros para suscribir los convenios entre la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos, de una parte, con otras Administraciones Públicas, refiriéndose el término otras, evidentemente a otras Entidades con personalidad jurídica distinta. Así, no podríamos hablar de posibilidad de convenio entre dos — 112 —
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