Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

haya de extenderse a ejercicios posteriores. Con carácter previo a la suscripción
se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará
el importe máximo de las obligaciones a adquirir y, en caso de gastos de
carácter plurianual, la correspondiente distribución de anualidades”.
De la literalidad del precepto se deduce que el ámbito subjetivo del
artículo está formado de una parte por aquellas entidades que precisan
autorización para suscribir los convenios, esto es, los órganos de la Administración
General del Estado (“los órganos de los Departamentos ministeriales”)
y los Organismos Autónomos estatales (“sus Organismos autónomos”).
De la otra parte está cualquier Administración pública (“otras
Administraciones públicas”) y las entidades públicas y privadas.
Por Administración pública deben entenderse no sólo las Administraciones
territoriales, obviamente, sino también a las que componen la Administración
institucional, incluso la estatal. Así lo establece el artículo
2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
“Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas
o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas,
tendrán asimismo la consideración de Administración Pública”. Es pues,
la posesión de personalidad jurídica la que les da esa condición.
En la misma idea se pronuncia la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, al considerar en su artículo
1º que son Administraciones Públicas las Instituciones públicas sometidas
a la tutela del Estado.
Por consiguiente, los Organismos autónomos estatales tienen la consideración
de Administración pública, a pesar de que se les considere en
denominación reiteradamente usada por la doctrina, como administraciones
“menores”, por estar sometidas a una tutela más o menos amplia de
diversos órganos de la Administración General del Estado.
Es por ello que del tenor literal del artículo 74.4 se obtiene que es preceptiva
la autorización del Consejo de Ministros para suscribir los convenios
entre la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos,
de una parte, con otras Administraciones Públicas, refiriéndose el
término otras, evidentemente a otras Entidades con personalidad jurídica
distinta. Así, no podríamos hablar de posibilidad de convenio entre dos
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