Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

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la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas corresponde a los Servicios jurídicos del Ayuntamiento y el carácter negativo del informe se deduce del propio escrito de consulta al declarar que “los servicios jurídicos municipales desaconsejan la inclusión en el mismo de las estipulaciones del convenio administrativo citados más arriba”. El Ayuntamiento podrá seguir o apartarse de los criterios de los servicios jurídicos municipales, al no ser vinculantes, pero lo que no podrá hacer es, por vía de informe de esta Junta, tratar de soslayar los criterios del informe preceptivo, pues como reiteradamente ha declarado esta Junta, no existe en nuestro ordenamiento jurídico un sistema de alzadas en materia de informes que permitan que los de esta Junta prevalezcan sobre los de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Cedeira. 2. La anterior conclusión permitiría dar por finalizado el presente informe. No obstante, la trascendencia jurídica de las cláusulas que se pretende introducir en el pliego de cláusulas administrativas particulares y el solicitarse opinión de esta Junta sobre los artículos 277.5 y 86 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y los artículos 117, 118 y 123 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales obligan a mantener un criterio negativo, coincidente con el de los servicios jurídicos, sobre las cláusulas que se examinan, puesto que prescindiendo de la cita concreta de artículos, ningún precepto del ordenamiento jurídico contractual permite mezclar los resultados del convenio administrativo celebrado y ejecutado con el contenido del futuro contrato de gestión de servicios públicos favoreciendo, ante el mismo, claramente la posición de Hidraurosa, S.L., estableciendo a su favor puntuaciones, subrogaciones o cesiones que la permitan convertirse en adjudicataria del contrato o, insólitamente, imponiendo al adjudicatario distinto a abonar cantidades a Hidrourosa, S.L., derivadas de un convenio en el que dicho adjudicatario no ha sido parte. Expresamente se declara que el criterio de valoración consistente en tener en cuenta la colaboración prestada por la mercantil Hidrourosa, S.L., no es un criterio objetivo, sino subjetivo y como tal, contrario al artículo 86 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que las obligaciones de satisfacer cantidades a Hidrourosa o subrogarla y sustituir al adjudicatario — 266 —
no pueden justificarse en los artículos 227.5 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 117, 188 y 123 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1995, por referirse a supuestos distintos del que en el escrito de consulta se plantea. — 267 —
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