Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

económicamente, es por ello porque se entiende que la ayuda puede otorgarse
sin publicidad”.
“Esta interpretación se encuentra corroborada por el artículo 1.3 del
Reglamento que regula el Procedimiento para la Concesión de Ayudas y
Subvenciones Públicas”, donde “se entiende por subvención en régimen
de concurrencia competitiva aquella que, imputada a un mismo crédito
presupuestario, contempla una eventual pluralidad de solicitudes”.
“En este caso no es posible que existan una eventual pluralidad de
solicitudes ya que en el ámbito del Estado sólo existe una Agencia de
Evaluación. Ello nos lleva a afirmar que nos encontramos ante una subvención
que no se puede otorgar bajo un régimen de concurrencia competitiva”.
Finalmente, “considera factible que se conceda una subvención a la
ANECA por vía de convenio”, a cuyos efectos cita un dictamen de la
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado de 2 de julio de 1997,
en el que se manifiesta que “ningún precepto legal o reglamentario impide
que un convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado y una persona física o jurídica de Derecho público o privado sea
utilizado como instrumento jurídico para la formalización de la concesión
de una ayuda o subvención pública y para el establecimiento del régimen
a que queda sometida la aplicación de dicha ayuda o subvención por parte
del beneficiario de la misma”.
Una vez presentado el expediente para la fiscalización del gasto derivado
del convenio a la Intervención Delegada, ésta ha formulado la presente
consulta, manifestando su criterio en los siguientes términos:
El concepto presupuestario adecuado no es el 781, sino el 730, que es
el que el Código de Clasificación Económica de los Gastos Públicos establece
cuando el beneficiario es una fundación estatal (según se declara
expresamente en la exposición de motivos del Real Decreto 1052/2002)
como en el presente caso.
Después de examinar la regulación por la que se rige la fundación
citada, si se considera que ésta tiene el carácter de “persona jurídica sujeta
al Derecho privado”, le serían aplicables, a la hora de practicar la
fiscalización limitada previa, los requisitos establecidos en los apartados
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