Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

La actividad concreta se regula por un convenio específico que establece
la documentación a aportar por la administración ejecutante, documentación
que no comprende la solicitada por la Intervención Delegada.
Tras el examen de los antecedentes expuestos, este Centro fiscal considera
que, con independencia del asunto concreto a que se refiere el reparo
formulado por la Intervención Delegada, la cuestión que subyace en el
fondo de la presente discrepancia incide directamente sobre la forma y
alcance de la práctica del acto de intervención del reconocimiento de la
obligación según las normas que regulan el ejercicio de la función interventora,
por lo que será objeto de análisis a través de las siguientes
CONSIDERACIONES
I
Los artículos 16 y 93 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
atribuyen a la Intervención el ejercicio de la función consistente en
el control de los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y de
obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que
de ellos se deriven, y la recaudación, inversión o aplicación en general de
los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la
Hacienda Pública se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.
Según el artículo 9 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre,
por el que fue desarrollado el régimen de control interno ejercido por la
Intervención General de la Administración del Estado, el ejercicio de la
función interventora comprende:
La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos u obligaciones
de contenido económico.
La intervención de la liquidación del gasto y de la inversión.
La intervención formal de la ordenación del pago.
La intervención material del pago.
Por su parte, el artículo 10 del mismo Real Decreto 2188/1995 determina
que:
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