Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que no superaría los
2.554.302 euros, que serían transferidos a la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Castilla y León de la forma siguiente:
El 25% del importe del proyecto en el año 2001, cuando se hubiera
producido “la adjudicación de la obra”.
El 50% de dicho importe en el año 2002, cuando la ejecución se hubiera
“efectuado en igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos
justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del
órgano competente del empleo dado a los fondos”.
El 25% restante en el año 2003, cuando se hubiese “ejecutado la totalidad
del proyecto, habiéndose recibido los documentos justificativos que
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano competente
del empleo dado a los fondos”.
En relación con la propuesta de reconocimiento de la obligación de
este último abono del 25% previsto en el convenio, la Intervención Delegada
ha manifestado en 17 de junio de 2003 lo siguiente: “En lugar de
la documentación que aportan se solicita la última certificación de obra
que comprenda la correspondiente relación valorada al origen con base
en la medición de las unidades de obra ejecutadas valoradas a los precios
contratados”.
A la vista de dicho reparo, ha sido planteada discrepancia ante este
Centro directivo, haciéndose constar al respecto que “la actuación de ese
Organismo en relación con la liquidación de convenios para el desarrollo
de las infraestructuras en las comarcas mineras del carbón, está pautada
por los siguientes principios particulares:
El Instituto subvenciona la actuación a través de un convenio, pero no
ejecuta la obra.
El ente subvencionado y ejecutor es otra administración pública en
donde operan los reglamentarios mecanismos de fiscalización y control.
El expediente de la subvención y ejecución se encuentra completo,
pero repartido en los archivos de las administraciones que subvencionan
y ejecutan.
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