Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

Este órgano considera que el gasto que pretende realizarse no
es una subvención, por las siguientes razones:
1) No se quiere subvencionar a una entidad (subvención nominativa)
ni una actividad general (subvención pública), sino patrocinar
una actividad concreta realizada por una entidad determinada
a cambio de una contraprestación, y sin que sea posible la
determinación de concurrencia.
2) Por otra parte, el gasto se corresponde literalmente con lo
que recoge la Resolución de la Dirección General de Presupuestos
de 11 de junio de 1999, por la que se establecen los códigos
que definen la estructura económica, que en el subconcepto 226.26
“Reuniones, conferencias y cursos” dice que “se imputarán aquellos
gastos que tienen por objeto aportaciones del Estado a cursos,
congresos, seminarios, etc., instrumentados generalmente mediante
un convenio..”..
Por todo lo anterior, se plantea consulta sobre:
Primero: Si la Administración puede realizar este tipo de gastos.
Segundo: Si el gasto que se quiere realizar debe tramitarse de
acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
como un convenio de colaboración (artículo 3.1 d) o bien como
contrato privado (artículo 9).
Tercero: Si cabe la posibilidad de celebrar un contrato de patrocinio
al amparo de lo establecido en la Ley General de Publicidad
de 11 de noviembre de 1988”.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. De los términos en que se plantea la cuestión en el escrito de consulta
se deduce que se mezclan aspectos ajenos a la contratación administrativa,
única competencia a la que se extiende la de esta Junta Consultiva,
y que, en cuanto a los propios de dicha contratación, aparecen tan escuetamente
reseñados que solo pueden recibir respuestas muy generales en
el presente informe.
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