Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

4. La tramitación separada de los documentos A y D no supone un
caso de omisión de un trámite que pueda causar quebrantos económicos
al Tesoro Público, y la incorporación del documento D a favor de la Comunidad
Autónoma supondría la ejecución de la totalidad del servicio por
parte de la misma, lo cual no ha quedado reflejado en el convenio.
Es más, una vez firmado el convenio y expedido el documento contable
A, es cuando se efectuaría la tramitación del o los expedientes, necesarios
para encargar y abonar a un tercero la prestación efectiva de los
servicios objeto de convenio, mediante el correspondiente compromiso
de gasto y documento D.
Con el fin de resolver la cuestión planteada, y teniendo en cuenta que
en el momento actual ya no cabe la tramitación anticipada de los expedientes,
se estima oportuno formular las siguientes
CONSIDERACIONES
Los expedientes que han motivado la presente discrepancia fueron remitidos
en el año 1999, a la Intervención Delegada en ese Departamento
ministerial para que ésta practicara la fiscalización previa de los gastos
derivados de la suscripción de los citados convenios.
Dicha modalidad de función interventora, consistente en el examen de
todo acto o documento susceptible de producir derechos u obligaciones
de contenido económico para la Hacienda Pública con el fin de examinar
su adecuación a la legalidad, se ha de practicar sobre el expediente completo,
una vez que esté en disposición de que sea adoptado el acuerdo
correspondiente. Así lo disponen las normas reguladoras de dicha función
y, en concreto, los artículos 10.1 y 13 del Real Decreto 2188/1995, de 28
de diciembre, por el que fue desarrollado el régimen de control interno
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
En el presente caso, resulta aplicable el régimen especial de fiscalización
limitada previa contemplado en el artículo 95.3 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, de cuya aplicación, en relación con lo
dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 2188/1995 y en los apartados
primero, segundo y undécimo del Acuerdo de Consejo de Ministros de
4 de julio de 1997, se desprende que la fiscalización previa de los gas-
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