Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

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INFORME DE LA IGAE DE 20 DE OCTUBRE DE 1995. SOLICITANDO CRITERIO SOBRE SI LOS CONVENIOS QUE FORMALIZA DICHO CENTRO CON ORGANISMOS DE DERECHO PÚBLICO Y CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE SU COMPETENCIA DEBEN SER FISCALIZADOS PREVIAMENTE O SOLAMENTE LO DEBEN SER LAS PROPUESTAS DE GASTOS DETERMINADOS QUE SE TRAMITEN EN DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS. Se ha recibido en esta Intervención General escrito del Director General de “..”., solicitando criterio sobre si los convenios que formaliza dicho Centro con Organismos de derecho Público y con personas físicas o jurídicas de derecho privado para la ejecución de actuaciones de su competencia deben ser fiscalizados previamente o solamente lo deben ser las propuestas de gastos determinados que se tramiten en desarrollo y aplicación de los mismos. De dicho escrito pueden deducirse los siguientes ANTECEDENTES La Dirección General de “..”., al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, celebra una serie de convenios con Organismos de Derecho Público o con personas físicas o jurídicas de derecho privado, para la realización de actuaciones — 97 —
preparatorias que son necesarias para el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley de Costas. Señala asimismo que la formalización de los convenios suponen, en principio, un compromiso de gasto para la Administración, si bien de cuantía indeterminada, por lo que sostiene el criterio de que una vez determinado el gasto es cuando debe someterse el expediente a la preceptiva fiscalización. No obstante, la Intervención Delegada del Ministerio de “..”. sostiene el criterio que, independientemente de las propuestas de gastos concretos, debe ser sometido a fiscalización previa el convenio del que traen causa. Al respecto pueden efectuarse las siguientes CONSIDERACIONES I La consulta se plantea en términos generales refiriéndose a los distintos convenios que esa Dirección General formaliza para la ejecución de sus actuaciones, sin que se una al escrito el convenio o convenios concretos sobre los que mantiene distinto criterio esa Dirección General y la Intervención Delegada en esa Ministerio. De la propia naturaleza jurídica del convenio en cuanto acuerdo de dos o más voluntades generador de derechos y obligaciones entre las partes se deriva que la suscripción de este convenio comporta para la Administración una obligación que, si bien generalmente, suele ser de contenido económico, pueden existir otros acuerdos en los que se haga mención solamente a actuaciones materiales que no supongan la realización de un gasto o una disposición de fondos, sino meramente el establecimiento de unas pautas de actuación. Esa Dirección General manifiesta que la formalización de los convenios en cuestión suponen, en principio, un compromiso de gasto para la administración, si bien de cuantía indeterminada. El artículo 16.2 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria señala que “la función interventora tiene por objeto controlar todos — 98 —
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