Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

Según la regla 21 de la IOC, la autorización del gasto es el acto administrativo
por el que la autoridad competente para gestionar un gasto con
cargo a un crédito presupuestario aprueba su realización, determinando
su cuantía de forma cierta, o bien de la forma más aproximada posible
cuando no pueda calcularse exactamente, reservando a tal fin la totalidad
o una parte del crédito presupuestario.
Según la regla 62 de la IOC, a los documentos A de autorización de
gasto se unirá el acuerdo o resolución que apruebe el gasto.
Por consiguiente, meramente desde el punto de vista cronológico, no
resulta procedente condicionar la fiscalización previa del gasto a la incorporación
de ningún documento contable de ejecución del gasto, ni siquiera
la del documento A, ya que éste ha de reflejar el acto administrativo
de la aprobación del gasto, que necesariamente ha de ir precedido de la
fiscalización previa.
Según la regla 22 de la IOC, el compromiso de gasto o disposición
es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente
acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento
de los trámites que con sujeción a la normativa vigente
proceden, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias,
subvenciones, etc. que previamente hubieran sido autorizados.
Según la regla 62 de la IOC, a los documentos D de compromiso de gasto
se unirá la resolución, acuerdo o contrato en que se formalice el compromiso
de la Administración.
No obstante lo anterior, en el caso de determinados convenios de
colaboración como los que han motivado la presente discrepancia, la
Administración General del Estado adquiere frente a la otra parte que
suscribe el convenio una obligación que no es una mera aportación dineraria,
sino una obligación de dar o hacer, consistente, por ejemplo, en la
ejecución de una obra, en la aportación de un bien o en la contratación
de un servicio. En todos estos casos, la Administración ha de celebrar
contratos con un tercero para el cumplimiento de la obligación derivada
del convenio.
En estos casos, aunque se trata de negocios jurídicos distintos (el del
convenio, por un lado, y el del contrato o contratos posteriores), frente a
diferentes terceros y que se producen en momentos sucesivos y casi nun-
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