Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

Al respecto dichos artículos disponen:
Artículo 92.
“Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración
Civil o Militar del Estado de los que se deriven derechos y obligaciones
de contenido económico, serán intervenidos y contabilizados con
arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en sus disposiciones complementarias”.
Artículo 93.2.
“El ejercicio de la expresada función comprenderá:
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido
económico o movimiento de fondos y valores”.
Dado que la realización de la intervención previa del expediente requiere
inexcusablemente que se realice con anterioridad a que se dicte el
correspondiente acuerdo, en virtud de lo preceptuado por el artículo 20
del Reglamento de 3 de marzo de 1925, y actualmente, por el artículo 10
del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla
el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la
Administración del Estado, resulta de imposible cumplimiento la condición
contenida en la cláusula final del convenio, pues adoptada la resolución,
ésta ya no se puede fiscalizar con carácter previo.
Por consiguiente, dada la imposibilidad jurídica de la condición, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1116 del Código Civil, se debe
tener por no puesta.
De lo anteriormente expuesto se deduce que se ha producido el supuesto
de omisión de la intervención a que se refiere el artículo 32 del
Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que fue desarrollado
el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la
Administración del Estado, según el cual, en el caso de que, siendo aquélla
preceptiva, no haya sido realizada, “no se podrá reconocer la obligación,
ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones
hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos
en el presente artículo”.
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