Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

Dichos términos son establecidos de forma que, si el Interventor General
de la Administración del Estado o los interventores delegados al
conocer de un expediente observaran alguna de las omisiones citadas, lo
manifestarán a la autoridad que hubiera iniciado aquél y emitirán al mismo
tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este
informe a las actuaciones, pueda el titular del departamento ministerial
de que aquélla proceda someter lo actuado a la decisión del Consejo de
Ministros para que adopte la resolución a que hubiere lugar.
En la emisión del informe que corresponde emitir a esta Intervención
General, se hace constar lo siguiente:
I.- La causa de la fiscalización desfavorable fue que no había sido emitido
el informe del Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente sobre cada uno de los convenios,
siendo preceptivo en virtud de lo establecido en el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 5 de febrero de 1988, sobre ejercicio de la función asesora
por los Servicios Jurídicos de los Departamentos Ministeriales. Sin embargo,
su emisión se ha producido posteriormente, con fechas 30 de enero
y 1, 2 y 5 de febrero de 1996.
II.- Examinados dichos informes, se advierte que formulan diversas
observaciones sobre el contenido de cada uno de los convenios, de las
cuales se desprenden una serie de incumplimientos de los extremos mínimos
que estos convenios con comunidades autónomas deben contener, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto 2190/1995,
de 28 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles
en materia de vivienda y suelo para el período 1996-1999, a cuyo
amparo han sido instrumentados.
Según el citado artículo, la distribución territorial de actuaciones protegibles
a financiar durante el período se efectuaría mediante la firma, en
su caso, de convenios bilaterales entre el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente y los órganos competentes de las comunidades
autónomas, en los cuales se acordarán, al menos, los siguientes
aspectos:
a) Objetivos totales en número de actuaciones protegibles a financiar
durante el período 1996-1999, con el máximo desglose posible en
cuanto a la ubicación de las viviendas y de las actuaciones en mate-
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