Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

del Estado con lo siguiente: “… de lo anterior se desprende que los
convenios de colaboración excluidos de la LCAP no precisan someterse
al acto de recepción salvo que su propio clausulado se remita a
las normas comunes de terminación de los contratos administrativos
o prevea expresamente la exigencia de dicho acto.
En consecuencia, al realizar la intervención previa a la liquidación
del gasto o reconocimiento de obligaciones derivadas de estos Convenios,
no cabe formular un reparo suspensivo por no figurar en el
expediente el acta de recepción cuando ésta no sea preceptiva con lo
antes señalado.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 28 del Real Decreto 2188/95,
a esta Intervención General le corresponde designar el delegado del
Interventor General que lleve a cabo la intervención de la comprobación
material de la inversión, para lo cual los órganos gestores deberán
formular solicitud al efecto cuando dicha inversión supere los
cinco millones de pesetas.
En relación con dicha cuestión debe señalarse que esta Intervención
General no conoce el contenido ni el régimen establecido en un convenio
determinado cuando se solicita designación de representante por
el órgano que ha celebrado el convenio por parte de la Administración
General del Estado, por lo que estima conveniente que, cuando dicho
órgano formule la mencionada solicitud, acompañe a la misma
el texto del convenio a efectos de determinar su régimen jurídico y
obrar en consecuencia, extremo éste que debería ponerse en conocimiento
de los órganos gestores incluidos en el ámbito de actuaciones
de cada Intervención Delegada”.
2. FUNCIÓN INTERVENTORA
Con lo establecido en el apartado primero de la Orden DEF/3015/2004,
y de acuerdo con lo prescrito en el artículo 8.1.b) del Real Decreto
2188/1995, la fiscalización de los convenios de colaboración en los que
la competencia ha sido delegada se ejercerá por el interventor delegado
cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la autoridad
que acuerde el acto de gestión.
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