Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

mete a enajenar en favor de aquél, no cabe duda de la existencia de un
verdadero contrato de permuta.
No obsta a esta calificación del contrato la afectación de los bienes
permutados a unos determinados fines; estipulación ésta perfectamente
admisible al amparo del artículo 1255 del Código Civil que autoriza a los
contratantes a establecer los pactos, cláusulas y condiciones que no sean
contrarios a las leyes, la moral o el orden público.
III.- De otra parte, debemos tener en cuenta que, según establece el artículo
71 de la Ley del Patrimonio del Estado, la permuta sólo será posible
cuando, previa tasación pericial, la diferencia de valor entre los bienes de
que se trate sea superior al 50 por 100 del que lo tenga mayor.
A este respecto, ha de ponerse de manifiesto que en el expediente únicamente
obran certificaciones de valoración de las fincas expedidas por
el Instituto de la Vivienda de Madrid y por el Servicio de Propiedades de
esa Dirección General; por consiguiente, no se ha observado la exigencia
de tasación pericial contenida en el artículo 71 de la Ley del Patrimonio
del Estado, sin duda a causa de la consideración del negocio como cesión
gratuita, exenta de tal requisito. Por ello, dado el criterio mantenido por
esta Intervención General, que entiende existente una permuta de las fincas,
se considera necesaria la confirmación de los valores atribuidos por
los citados Organismos, mediante la oportuna tasación pericial.
En consecuencia, este Centro Fiscal, en base a las valoraciones aportadas,
considera ajustada a las previsiones del artículo 71 de la Ley del
Patrimonio del Estado la permuta sometida a informe, dado que la diferencia
de valor entre los bienes no excede de la mitad del que lo tiene mayor,
si bien tal afirmación debe entenderse condicionada a la ratificación,
mediante tasación pericial, de los valores atribuidos por los Organismos
otorgantes.
IV.- En relación a la competencia para autorizar la permuta, debemos
recordar que el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo
establece: “La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente
por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia,
salvo en los casos de delegación, sustitución o evocación previstos por
las leyes”.
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