Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

aplicable que se deriva de las propias cláusulas establecidas en el convenio
inicial.
Por consiguiente, la aplicación del “tenor literal” de dicho apartado no
es suficiente para contravenir los principios generales vigentes en materia
de contratación administrativa y lo previsto inicialmente en el propio convenio.
Sin perjuicio de ello, se advierte que tampoco sería indubitable su interpretación,
ya que el repetido apartado cuarto no indica expresamente que
la autorización de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica,
y por ende el expediente relativo a la prórroga del convenio, haya
de producirse una vez que haya expirado el plazo de vigencia del mismo.
A la vista de las consideraciones expuestas, esta Intervención General
concluye que, ni las estipulaciones pactadas en el convenio, según
las cuales las partes acordaron que su prórroga necesitaría una cláusula
expresa, ni las disposiciones aplicables al mismo, permiten admitir la prórroga
tácita del presente caso, en el cual no sólo no estaba prevista entre
las cláusulas convenidas, sino que éstas habían determinado por el contrario
que dicha prórroga habría de tener carácter expreso.
Por consiguiente, este Centro fiscal
RESUELVE
La discrepancia planteada confirmando el reparo manifestado por la
Intervención Delegada en MUFACE y, por tanto, refrendando la fiscalización
desfavorable del gasto contenido en la propuesta.
No obstante, se significa a V.I. que, de no estar conforme con la presente
resolución, podrá ese Organismo, si lo estima oportuno, someter
el expediente a la decisión del Consejo de Ministros para que adopte la
resolución definitiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 98.1.b) del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y el artículo 16 del Real
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que fue desarrollado el
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración
del Estado.
En este supuesto, como establece el artículo 16 del citado Real Decreto
2188/1995, lo deberá comunicar, con al menos cinco días de ante-
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