Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

supuestos el informe previsto en el artículo 83 de este Reglamento (el
del Servicio Jurídico) se entiende cumplido con el emitido respecto del
modelo-tipo” nada impide que se utilice en el caso de los convenios de
colaboración. 4) Una especial referencia merece el punto tercero de su
consulta relativa a la exigencia de la autorización del Gobierno previa a
la firma del convenio de colaboración. En especial, en si los convenios
que se celebran por la Dirección General de Acción Social pueden tener
cabida dentro del concepto de convenios que da el apartado 7 del art. 2 de
la L.C.E. A este respecto hay que recordar que la L.C.E. en sus primeros
preconceptos trata de dar una visión global de la actividad contractual de
la Administración. Para ello, en su primer capítulo dispone que “los contratos
que celebre la Administración del Estado con personas naturales o
jurídicas se ajustarán a las prescripciones contenidas en la presente Ley y
en sus disposiciones reglamentarias”, para después en su artículo 2º decir
que “no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, quedan fuera del
ámbito de la presente Ley los siguientes contratos y negocios jurídicos de
la Administración..”., clasificando posteriormente en el artículo 4 los negocios
jurídicos no excluidos en contratos administrativos y privados. Por
tanto, para la L.C.E. cualquier relación negocial con la Administración
debe estar incluido en alguno de estos apartados, o bien en un contrato
administrativo o privado o bien en una de las figuras incluidas en su artículo
2º. En consecuencia los convenios celebrados con particulares encuentran
su régimen jurídico necesariamente en el apartado 7 del artículo
2º de la L.C.E. y les será aplicable la norma que establece la autorización
del Consejo de Ministros para su celebración. Cuestión distinta, es que
una norma con rango legal establezca para unos determinados convenios
un régimen jurídico específico que no exija la autorización del Gobierno,
pues en este caso, como es claro, se produciría una derogación para dicho
supuesto, de la L.C.E., y no sería necesaria la citada autorización. De todo
lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes
CONCLUSIONES
1ª) El informe del Servicio Jurídico respecto de los convenios de colaboración
a celebrar con particulares era exigible con anterioridad al
Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de mayo pasado pues estaba
establecido por el art. 2 de la L.C.E.