Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

GP, actualmente artículo 47 de la Ley 47/2003).
NOTA: La citada disposición comete otro error al atribuir
únicamente a la Intervención General de la Defensa (o
Intervención Delegada que corresponda a la autoridad que
aprueba el gasto que se deriva de la suscripción del convenio)
la facultad para emitir el informe de fiscalización previa del
gasto, ya que puede darse el caso de que la competente para
emitir el citado informe de fiscalización sea la Intervención
General de la Administración del Estado (Resolución de la
IGAE, de 25 de febrero de 1988), que será analizada en el
apartado de fiscalización y al cual nos remitimos.
Por último, tampoco tiene sentido el orden de prelación
de documentos, ya que el certificado de existencia de crédito
para el ejercicio corriente o de retención de créditos para
ejercicios futuros se acompaña en último lugar, después de
la fiscalización efectuada por la Intervención Delegada que
corresponda. A este respecto sólo será necesario recordar
lo que establece el art. 13.1 del Real Decreto 2188/95, aludido
en párrafos precedentes.
“Recibida en la Secretaría General Técnica la autorización
del Consejo de Ministros, la remitirá al órgano originador
para que proceda a gestionar la firma del convenio y una
vez suscrito, el órgano originador enviará a la Secretaría General
Técnica una copia del mismo para custodia, archivo y, en
su caso, publicación”.
Por último, la disposición adicional segunda introduce
una modificación, en sus artículos 22.2 y 24.1.b), de la Orden
Ministerial 105/2002, de 22 de mayo, por los que se regula la
producción normativa en el ámbito del Ministerio de Defensa,
y establece que el expediente contendrá los siguientes documentos:
“b) Memoria justificativa, informe sobre el impacto por
razón de género de las medidas que se establecen en el texto
de la disposición proyectada, memoria económica y tabla de
vigencias y derogaciones”.
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