Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

Así, en primer lugar se observa que este precepto no sólo no exceptúa
a los convenios del sometimiento genérico al ordenamiento jurídico, sino
que expresamente remite al cumplimiento de aquellas normas que sean
aplicables en cada caso.
Una mayor concreción se deriva sobre la cuestión suscitada de lo dispuesto
en el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, que establece en su artículo 7 como forma de terminación
de dicho procedimiento, junto con la resolución de otorgamiento,
la terminación convencional en los siguientes términos: cuando por la
naturaleza de la subvención y el número y circunstancias de los posibles
beneficiarios las normas reguladoras de la subvención así lo prevean, se
podrá finalizar el procedimiento mediante el acuerdo entre la Administración
y los interesados.
De ello se deduce, que la celebración de un convenio con el beneficiario
está contemplada como una de las formas posibles de terminación
del procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones, “cuando así
lo prevean las normas reguladoras”, sin que tampoco en este caso la circunstancia
de que se suscriba un acuerdo para tal finalidad exima a la
subvención de que se trate del cumplimiento de otras normas que le sean
aplicables por su naturaleza de tal.
La relativa frecuencia de este tipo de subvenciones puede deducirse de
que, con una denominación de origen doctrinal, aparezcan contempladas
en la regla 84 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución
del gasto del Estado como “subvenciones paccionadas”, allí mismo
definidas como las que se derivan de la formalización de contratos-programa,
convenios de colaboración y otros pactos entre la Administración
General del Estado y otras entidades.
Asimismo, a la premisa, tanto de la habitualidad de estos convenios en
los que se conceden subvenciones o “subvenciones paccionadas”, como a
su sometimiento a las normas aplicables a ambas figuras, obedece el hecho
de que en los requisitos a comprobar en el ejercicio de la fiscalización
limitada previa de los gastos derivados de convenios con personas físicas
o jurídicas sujetas al Derecho Privado, el apartado decimotercero.3.b) del
Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2002, recoja literalmente
la posibilidad de que dichos convenios impliquen subvenciones y
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