Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan
a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes
y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa
prestación.
Además de esta modalidad general de ejercicio de la función interventora
existe un régimen especial, regulado en los artículos 95.3 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y 19 del Real Decreto
2188/1995, denominado de “fiscalización limitada previa”, en el cual, el
Gobierno, previo informe de la Intervención General de la Administración
del Estado, puede acordar que la intervención previa se limite a la
comprobación de la existencia de crédito adecuado y suficiente, la competencia
del órgano al cual va dirigida la propuesta para acordarla, así
como aquellos otros extremos que sean taxativamente determinados por
el Consejo de Ministros.
Dentro de esta modalidad de fiscalización limitada, sólo podrán ser
objeto de reparo suspensivo aquellos expedientes en los que se aprecie
un incumplimiento de los citados requisitos, no pudiéndose formular en
cuanto a otras deficiencias que la Intervención aprecie en el expediente
más que observaciones complementarias, que en ningún caso tienen efectos
suspensivos en su tramitación.
En la actualidad, este sistema de fiscalización limitada se aplica a todos
los tipos de gasto incluidos en el Acuerdo de Consejo de Ministros de
4 de julio de 1997, por el que se ha dado cumplimiento a la previsión del
artículo 95.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria respecto
a esta forma de ejercicio de la función interventora.
Como se especifica en la Circular de esta Intervención General 3/94,
de 4 de octubre, dicho Acuerdo de Consejo de Ministros se aplica a todos
los tipos de gasto que en el mismo figuran, entendiendo por tales los
distintos apartados que comprende relativos a nóminas y otros gastos de
personal, contratos de obras, suministros, de consultoría y asistencia y
de servicios y trabajos específicos, contratos patrimoniales, convenios de
colaboración, subvenciones, etc.
Todos los expedientes derivados de estos tipos de gasto se intervienen
con fiscalización limitada, al margen de que el Consejo de Ministros haya
establecido o no algún trámite adicional a comprobar, en cuyo caso única-
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