Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

“A. La fiscalización previa de los gastos que hayan de ser aprobados
por el Consejo de Ministros o por las Comisiones Delegadas del
Gobierno, cuando dichos gastos vayan referidos a convenios de
colaboración con comunidades autónomas y no supongan un
compromiso de gasto que haya de extenderse a ejercicios posteriores
ni sean de cuantía indeterminada.
B. La fiscalización previa de los gastos que hayan de ser aprobados
por el Consejo de Ministros o por las Comisiones Delegadas del
Gobierno, cuando dichos gastos vayan referidos a convenios de
colaboración de cuantía indeterminada o supongan un compromiso
de gasto que haya de extenderse a ejercicios posteriores,
siempre que la cuantía del gasto global que derive del convenio
no supere los 2.000 millones de pesetas” (12 020 242,09 euros).
Pues bien, como señala Santiago Fuentes Vega:
“… de estos dos supuestos, sólo el segundo permanece vigente a fecha
de hoy, ya que el primero perdió su sentido en la actual configuración
legal. La nueva redacción de la LRJAP-PAC, así como el artículo 13 de
la LOFAGE, al otorgar a los Ministros y Presidentes y Directores de organismos
la competencia para celebrar convenios de colaboración con
Comunidades, ha otorgado a las Intervenciones Delegadas como propia
la competencia para fiscalizar dichos convenios”.
Por lo tanto se deduce que se ha llegado a una situación de desconcentración
casi total de la fiscalización de los convenios de colaboración
en los interventores delegados.
En cuanto al procedimiento de fiscalización, hay que distinguir lo
siguiente:
I. Convenios de colaboración en los que el gasto es aprobado por
el Consejo de Ministros.- Será fiscalizado por el sistema ordinario que
establece el artículo 17 del Real Decreto de control interno ejercido por
la Intervención General de la Administración del Estado, extendiéndose
la fiscalización, en consecuencia, a todos los extremos del expediente. A
este respecto Santiago Fuentes Vega considera que “… no procede en este
caso la fiscalización limitada previa, sino la fiscalización previa plena,
por aplicación del artículo 95.4 del Texto Refundido de la Ley General
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