Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

forme solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos
que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en
cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos”.
Por lo que respecta al primer apartado de este artículo, el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 5 de febrero de 1988 establece que se solicitará
el asesoramiento de los Servicios Jurídicos de los Ministerios, entre otros,
en los casos de convenios de cooperación que celebre el Departamento o
los Organismos Autónomos respectivos.
En consecuencia, al existir una disposición que expresamente requiere
el mencionado informe, el mismo pasa a ser preceptivo. Sin embargo
no hay disposición alguna en el ordenamiento jurídico que expresamente
establezca que los mismos sean vinculantes, por lo que el órgano competente
para resolver podrá adoptar la solución que estime oportuna, con la
única obligación de motivar si se aparta del criterio contenido en el dictamen,
de acuerdo con el artículo 54.1.c) de la citada Ley 30/1992.
II
Respecto al apartado tercero del mencionado artículo 83, conviene
llamar la atención que el texto legal no utiliza la expresión “vinculantes”,
sino la más amplia “que sean determinantes para la resolución”, lo cual
parece indicar que el precepto es aplicable a todo informe preceptivo que
se considere imprescindible para resolver, sea o no sea vinculante.
La cuestión se centra, por tanto, en precisar si el Informe del Servicio
Jurídico es determinante en la tramitación de expedientes de convenios
de colaboración.
En este sentido hay que tener en cuenta que estos informes son consecuencia
de la necesidad de los órganos activos de la Administración de
contar en el ejercicio de sus funciones, con el apoyo de un conjunto de órganos
de asesoramiento técnico, tanto en materia jurídica como no jurídica,
que es lo que tradicionalmente ha venido conociéndose con el nombre
de Administración consultiva, a la que el ordenamiento jurídico atribuye,
de forma exclusiva o parcial, la función de aconsejar, asesorar y suministrar
elementos de juicio a otros entes públicos u órganos administrativos.
En la Administración del Estado, las funciones de asesoramiento jurídico
se encuentran formalmente confiadas al Cuerpo de Abogados del
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