Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

mente se han de verificar los que están recogidos con carácter general en
los apartados primero y segundo del Acuerdo, referidos al crédito y a la
competencia. A sensu contrario, aquellos tipos de gasto que no se hallan
incluidos en dicho Acuerdo, no podrán ser objeto de fiscalización limitada,
sino que deberán someterse al régimen general de fiscalización, que
por contraposición podría denominarse “fiscalización plena”.
La exposición del esquema anterior ha de completarse necesariamente
poniendo de relieve que, tanto el artículo 95.4 del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria como el artículo 19.2 del Real Decreto
2188/1995, sustraen del sistema de fiscalización limitada previa a los gastos
que hayan de ser aprobados por el Consejo de Ministros, que son
objeto de fiscalización en toda su extensión, con el alcance necesario para
verificar el cumplimiento de las disposiciones que en cada caso sean aplicables.
II
A continuación procede relacionar las observaciones anteriores con
el supuesto de que el expediente de gasto tenga por objeto la suscripción
y ejecución de un convenio de colaboración, como ocurre en el presente
caso.
A este respecto, procede señalar que, entre las peculiaridades del régimen
económico-presupuestario de los convenios de colaboración, se
encuentra la disposición contenida en el artículo 74.4 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, que exige la autorización del Consejo
de Ministros a los órganos competentes para suscribirlos, cuando el gasto
que de ellos se derive haya de extenderse a ejercicios posteriores, esto es,
cuando dicho gasto tenga carácter plurianual. Asimismo dispone que dicha
autorización del Consejo de Ministros llevará implícita la aprobación
del gasto que se derive del convenio.
Por consiguiente, en el caso concreto del presente expediente, cuyo
objeto era la suscripción de un convenio de colaboración interadministrativo
de los previstos en el artículo 15 del Real Decreto 2020/1997, de
26 de diciembre, y se preveía su financiación en los ejercicios de 1998,
2000 y 2001 (y tenía por tanto carácter plurianual), se propuso al Consejo
de Ministros la autorización preceptiva en virtud de lo dispuesto en el
citado artículo 74.4 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
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