Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

en el apartado anterior se regularán por sus normas especiales, aplicándose
los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
La normativa especial en materia de convenios con las comunidades
Autónomas se encuentra contenida (para la fecha en que fue suscrito el
convenio que nos ocupa) en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(LRJAP-PAC) y disposiciones de desarrollo, que se hallan fundamentalmente
en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de
1990, que a su vez fue posteriormente modificado por el de 3 de julio de
1998.
Una vez concluido que, efectivamente, el negocio jurídico constituido
en el convenio suscrito en 18 de junio de 1997 se había extinguido en 31
de diciembre de 1998, hay que examinar a la luz de la normativa aplicable,
si, como parece propugnar ese Organismo, su prórroga podía haberse
efectuado por el Servicio Andaluz de Salud de manera tácita, simplemente
dejando transcurrir el período de vigencia sin formular oposición expresa
a la misma.
Sobre este aspecto, las normas especiales reguladoras de los convenios
con comunidades autónomas no establecen ninguna peculiaridad, por
lo que hay que acudir a la aplicación de los principios de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, como establece el artículo 3.2 de
esta última, “para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse”,
y que se encuentran contenidos en el Libro I de la misma, dedicado a los
contratos de las Administraciones Públicas en general.
De entre estos principios cabe destacar para su aplicación al presente
caso algunas cuestiones fundamentales:
– El artículo 55 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
exige la formalización de los contratos de la Administración y el 56
prohíbe expresamente la contratación verbal.
Estos preceptos determinan, a juicio de este Centro fiscal, la imposibilidad
legal de la prórroga tácita del convenio en el supuesto de que no estuviese
expresamente prevista de alguna forma en sus propias cláusulas.
– En el artículo 68 se exige que todo contrato administrativo venga
precedido de la tramitación de un expediente, en el que figurarán, además
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