Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

Estado. Por otra parte, esta función de asesoramiento habría de vincularse
orgánicamente a los cometidos de su representación y defensa en juicio,
por lo que una misma organización y cuerpo de funcionarios asume todas
estas misiones. Esto no significa, sin embargo, que el mismo Letrado que
asesora en un Organismo o Departamento ministerial sea el mismo que
defiende después el asunto en la vía jurisdiccional. Se trata de dos funciones
separadas.
Es la segunda de estas funciones, es decir, la asistencia jurídica al Estado,
la que ha sido regulada por Ley 52/1997, de 27 de noviembre.
No ocurre lo mismo con la primera de estas funciones, cuyo contenido
consiste en asesorar a los órganos activos de la Administración, ilustrando
su juicio acerca de las diversas opciones existentes con carácter previo a
la adopción de la decisión.
Como ha señalado la STC 204/1992, de 26 de noviembre respecto
del Consejo de Estado, predicable asimismo de cualesquiera órganos de
asesoramiento técnico jurídico independiente, la intervención de éstos
supone “una importantísima garantía del interés general y de la legalidad
objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos intereses
de quienes son parte de un determinado procedimiento administrativo”.
Función, por consiguiente, de garantía de las situaciones jurídicas subjetivas
de los ciudadanos mediante el control ex ante de la legalidad de la
actuación administrativa.
Por lo tanto, y centrándonos en el tema objeto de la presente consulta,
aunque la ausencia de informe sea evidente, el carácter de requisito esencial
de procedibilidad no concurre en el mismo. Se trata de una simple
garantía reglamentaria de la propia Administración, por lo que el mismo
no resulta determinante en la resolución del procedimiento.
En virtud de las anteriores consideraciones, esta Intervención General
llega a las siguientes
CONCLUSIONES
Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que un excesivo automatismo
en la aplicación del artículo 83.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
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