Convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa

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mete a enajenar en favor de aquél, no cabe duda de la existencia de un verdadero contrato de permuta. No obsta a esta calificación del contrato la afectación de los bienes permutados a unos determinados fines; estipulación ésta perfectamente admisible al amparo del artículo 1255 del Código Civil que autoriza a los contratantes a establecer los pactos, cláusulas y condiciones que no sean contrarios a las leyes, la moral o el orden público. III.- De otra parte, debemos tener en cuenta que, según establece el artículo 71 de la Ley del Patrimonio del Estado, la permuta sólo será posible cuando, previa tasación pericial, la diferencia de valor entre los bienes de que se trate sea superior al 50 por 100 del que lo tenga mayor. A este respecto, ha de ponerse de manifiesto que en el expediente únicamente obran certificaciones de valoración de las fincas expedidas por el Instituto de la Vivienda de Madrid y por el Servicio de Propiedades de esa Dirección General; por consiguiente, no se ha observado la exigencia de tasación pericial contenida en el artículo 71 de la Ley del Patrimonio del Estado, sin duda a causa de la consideración del negocio como cesión gratuita, exenta de tal requisito. Por ello, dado el criterio mantenido por esta Intervención General, que entiende existente una permuta de las fincas, se considera necesaria la confirmación de los valores atribuidos por los citados Organismos, mediante la oportuna tasación pericial. En consecuencia, este Centro Fiscal, en base a las valoraciones aportadas, considera ajustada a las previsiones del artículo 71 de la Ley del Patrimonio del Estado la permuta sometida a informe, dado que la diferencia de valor entre los bienes no excede de la mitad del que lo tiene mayor, si bien tal afirmación debe entenderse condicionada a la ratificación, mediante tasación pericial, de los valores atribuidos por los Organismos otorgantes. IV.- En relación a la competencia para autorizar la permuta, debemos recordar que el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece: “La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de delegación, sustitución o evocación previstos por las leyes”. — 95 —
A este respecto, la Ley del Patrimonio del Estado en su artículo 71, párrafo segundo, dispone que corresponderá autorizar la permuta a quien por razón de la cuantía fuera competente para autorizar la enajenación. Por tanto, siendo el valor del inmueble inferior a 2.000.- millones de pesetas, la autorización para su permuta corresponde al Ministro de Economía y Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del precitado texto legal. En base a las consideraciones efectuadas, esta Intervención General manifiesta las siguientes CONCLUSIONES PRIMERA.- Que el negocio jurídico derivado del convenio de cooperación suscrito en fecha 5 de febrero de 1989 entre el Instituto de la Vivienda de Madrid y la Dirección General del Patrimonio constituye un contrato de permuta. SEGUNDA.- A la vista de las valoraciones aportadas de las fincas objeto del negocio, la permuta se ajusta a las limitaciones preceptuadas en el artículo 71 de la Ley del Patrimonio del Estado, si bien será necesaria la confirmación de tal extrema mediante la preceptiva tasación pericial. TERCERA.- Que la competencia para autorizar el precitado contrato de permuta corresponde, en razón de la cuantía, al Ministro de Economía y Hacienda. — 96 —
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