HANNAH ARENDT - Prisa Revistas

LA ESFERA PÚBLICA
DEL ANTIGUO RÉGIMEN
2. El estado y la Ilustración*
lo largo de los tres siglos del antiguo
régimen español encontramos profundas
continuidades en el carácter
de su estado y su esfera pública, pero también
discontinuidades significativas. El
cambio de siglo en torno a 1700 trajo consigo
un cambio de dinastía y una drástica
redefinición del estado. Mientras los elementos
esenciales del estado teleocrático
permanecían incuestionados1 , se produjo
entonces un nuevo robustecimiento de la
autoridad real y una secularización parcial
del estado y de la sociedad, y se intentó definir
los objetivos estatales de manera más
realista, aunque no menos exigente. Los
Borbones llegaron a España con una
mentalidad de gobernantes absolutos muy
poco interesados en mantener una tradición
constitucional. La suya era una
tradición monárquica para la cual los pays
d’ordres dotados de un marco constitucional
propio, los estados generales y los parlamentos
judiciales eran otros tantos obstáculos
institucionales opuestos a su proyecto
de monarquía absoluta (Venturi, 1971), el
cual comprendía un aumento de su autoridad
discrecional, la centralización administrativa
y una mayor uniformidad territorial,
y venían dispuestos a eliminar esos obstáculos.
Era también una monarquía definida
por un proyecto de regalismo ambicioso y
sistemático, que utilizaba a la iglesia como
instrumento de su voluntad política.
El triunfo de esa tradición francesa sobre
la tradición española de los Austrias2 A
,
de Richelieu sobre Olivares (y sobre el
partido español o devoto en la política
* La primera parte de este artículo fue publicada
en el número 91 de CLAVES DE LA RAZÓN
PRÁCTICA con el subtítulo El siglo de oro.
1 Sobre este concepto de ‘estado teleocrático’
véase la primera parte de este ensayo, publicado en
CLAVES DE LA RAZÓN PRÁCTICA.
2 En realidad, la monarquía española estaba más
en la tradición de las monarquías europeas, como observó
Leibniz (Frèmont, 1996).
VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ
francesa) (Wollenberg, 1985) y de Luis
XIV sobre Carlos II culminó con la subida
de un Borbón al trono de España. La
prueba suprema, por así decirlo, de la política
de una dinastía, la de su supervivencia
o su reemplazo por otra, pareció confirmar
lo bien fundado de la visión política
de Francia. En esas circunstancias, los
Borbones españoles creyeron que la enseñanza
que había que extraer de la decadencia
del poderío español era la del fracaso
de la tradición política de los Habsburgo,
no por haber debilitado gradualmente
la tradición constitucional anterior, sino
por no haber llegado a destruirla del todo;
por no haber sido lo bastante absoluta y
no haber reforzado lo suficiente la presencia
de un estado centralizado.
Los Borbones procedieron en pos de
ese objetivo con aplicación continua y sistemática
3 . Aprovecharon la Guerra de Sucesión
(1700-1714) para liquidar el régimen
constitucional de los reinos de Aragón. No
convocaron a las Cortes durante todo un
siglo, salvo en unas cuantas ocasiones ceremoniales
(aunque la memoria de las Cortes
pervivió en la imaginación colectiva: [Castellano,
1990]). Se beneficiaron de la falta
de parlamentos judiciales, o de un cuerpo
profesional de legistas, que hubieran podido,
como en Francia, impugnar su autoridad
o apoyar la tradición constitucional.
Invirtieron el proceso de transferencia de
poderes a las autoridades locales y reforzaron
la presencia de intendentes reales en las
provincias, aunque el alcance efectivo de
esas medidas fue limitado (Lynch, 1989).
En un plano más general, conservaron la
sociedad estamental y dejaron intacta la estructura
básica de los municipios.
3 Más que a la determinación de los reyes, cuyos
desarreglos mentales y emocionales, al menos los del
primer medio siglo, son bien conocidos, se debió esto
a los sucesivos ministros que les sirvieron durante largo
tiempo.
Complemento de su política de control
sociopolítico fue su política eclesiástica.
Sin la presencia engorrosa de una oposición
jansenista apreciable (Sánchez-Blanco,
1991: 306 y sigs.) ni enclaves
protestantes como había en Francia, los
Borbones españoles llevaron mucho más
adelante el sometimiento de la iglesia nacional
al estado cuando en 1767 expulsaron
a los jesuitas (siempre sospechosos de
encontrar buenas razones o excusas para
no someterse del todo a la autoridad secular),
con la mira puesta en convertir a la
mayor parte del clero en una especie de
funcionariado. Mantuvieron la Inquisición,
con entusiasmo menguante, como
instrumento de control o intimidación, según
se había de evidenciar particularmente
al final del siglo, en los intentos de combatir
la propaganda de la Revolución Francesa
(Caro Baroja, 1968; Sarrailh, 1957). En
cuanto al sistema de universidades públicas,
y dado que el objetivo prioritario no
era crear nuevas instituciones culturales sino
controlar las ya existentes, hubo algunos
intentos de reforma por obra de funcionarios
como Pedro Rodríguez de Campomanes,
Pablo de Olavide y otros, pero la
acción efectiva de los reyes en ese terreno
fue escasa.
A imitación de la monarquía administrativa
de sus parientes franceses, los
Borbones españoles quisieron impulsar el
crecimiento económico para ensanchar
así su base fiscal y poder costear los gastos
de un ejército y una flota al servicio de su
política imperial. Pero sus intervenciones
fueron irregulares y poco eficaces, aunque
algunos de sus últimos planes de reforma
les muestran receptivos a las ideas de libertad
económica limitada que iban a espolear
la imaginación de generaciones futuras.
Se vieron favorecidos, no obstante,
por la evolución espontánea de la economía
y los incrementos de la población y
de la producción agrícolas registrados des-
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