HANNAH ARENDT - Prisa Revistas

versiones, compensen la mala calidad de
sus activos y, probablemente (esto no figura
en la formulación teórica de los
CTC), garanticen sus beneficios durante
los próximos 10 años.
En la memoria de la Ley 54/1997 se
admiten dos fórmulas para calcular los famosos
CTC; tales procedimientos ilustrarán
sin duda todavía más la naturaleza de
tan particulares subvenciones. En una primera
aproximación, los CTC serían la
proyección de ingresos reconocidos en el
MLE hasta el año 2013 menos el valor
actual de los ingresos que se proyectan
mediante la actual regulación, hasta el
mismo año. En otras palabras, la diferencia
entre lo que percibirían con el sistema
del marco legal y lo que percibirán con el
sistema liberalizado, calculado este último
concepto por el producto de la demanda
eléctrica prevista en los próximos 15 años
por el precio por kilovatio. El segundo
método de aproximación sería calcular la
diferencia entre el valor contable de los
activos y el valor de reposición del parque
de generación para que pueda producir
electricidad a seis pesetas por kilovatio.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez y
la CNSE acabaron por aceptar el contenido
de la ley eléctrica, que incluía los 1,9
billones de CTC, por una razón de peso.
La Ley 54/1997 consideraba que la cantidad
de 1,9 billones era un límite máximo,
circunstancia que convertía tal cantidad
en un tope infranqueable pero que no excluía
la elevada probabilidad de que el
pago final se aproximase a los 400.000
millones –incluso menos– que había calculado
la propia comisión. De forma que
era políticamente irrelevante cuál era el
máximo fijado, porque lo importante era
–y es– la cantidad que finalmente se ajustara
en la liquidación de las cuentas. De
ahí que la comisión aceptara la ley e, incluso,
considerara que el texto legal era el
adecuado para desarrollar la liberalización
del mercado eléctrico; porque aunque el
ritmo de liberalización fuera lento, era
una mejora considerable sobre la situación
anterior.
La titulización
Empieza el conflicto real y no resuelto.
Las eléctricas no podían esperar a que los
CTC fueran calculados año a año y en
función de la amortización real de las inversiones
y su rentabilidad auténtica.
Porque, en ese caso, la aplicación de los
cálculos hubiera descubierto varias cuestiones
desagradables para las empresas.
Por ejemplo, que cuando se inicia el camino
de las compensaciones de este tipo,
Nº 92 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
puede suceder que el cálculo final arroje
que no hay CTC, sino Beneficios de
Transición a la Competencia (BTC) –es
decir, que las empresas tendrían que pagar,
en lugar de percibir los 1,9 billones–;
o que las centrales hidráulicas ya han sido
amortizadas repetidas veces, por lo que
incurrirían en los BTC; o que, como supone
con cierto fundamento la CNSE, la
capacidad de generación de beneficios de
los activos, tan alegremente depreciados
por las eléctricas, fuera tan elevada que los
CTC fueran negativos y las empresas tuvieran
que devolver dinero a los ciudadanos.
Estas hipótesis no son especulaciones
gratuitas; es muy probable que el cálculo
real de los CTC de 1998 y 1999 arroje
un saldo negativo.
Para evitar estas desviaciones o, en todo
caso, para asegurar el dinero que quizá,
sólo quizá, iban a percibir en los años
próximos, las eléctricas impusieron la fórmula
financiera de la titulización al mansurrón
Ministerio de Industria, cuyas decisiones
se ajustan siempre al perfil de un
agente político al servicio de las empresas.
La titulización es un procedimiento financiero,
aplicado ya en el caso de la deuda
reconocida por el Estado en el caso de la
moratoria nuclear, que permite obtener
inmediatamente la cantidad acumulada
que se iba a percibir por un derecho futuro.
El agente financiador paga la cantidad
calculada –en este caso, 1,3 billones– a
cambio del derecho a percibir anualmente
los CTC establecidos. Para transformar
dinero futuro en liquidez presente, el
agente financiero emite títulos, valores o
bonos que, suscritos por los inversores,
aportan la cantidad solicitada. El agente
que paga el dinero –los 1,3 billones mencionados–
adquiere el derecho a cobrar
todos los años, durante 15 (éste es el plazo
pactado en la enmienda de titulización),
el 4,5% de la tarifa eléctrica. El
procedimiento político para colar esta insólita
exacción cierta de los derechos de los
consumidores en nombre de una estimación
incierta fue introducir una enmienda
en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado de 1999.
El método político es tan innoble como
la titulización en sí misma, porque soslaya
el debate público adecuado sobre la decisión
de titulizar, ya que las enmiendas a la
ley de acompañamiento tienen el privilegio
de tramitarse por un sistema similar al
de la ley de presupuestos, es decir, casi de
urgencia. Para la indisimulable villanía de
titulizar (es decir, de fijar, cristalizar, convertir
en inamovible) una deuda difusa y
confusa, el PP contó con la ayuda política
JESÚS MOTA
de los nacionalistas catalanes de CiU,
siempre proclives a explorar cuanto de
negocio roza con la política.
¿Por qué la titulización es un atropello
a los consumidores? Pues porque eleva
y convierte en fija una deuda hipotética.
La comisión eléctrica estimó inicialmente
unos CTC mínimos de 400.000 millones;
pero los cálculos posteriores, una vez
conocidos datos reales de costes de financiación,
aumento de la demanda eléctrica
y capacidad de generación, indican cantidades
menores. La maniobra de la titulización
coloca la cantidad mínima que
percibirán las empresas en 1,3 billones,
una cantidad tres veces superior a la que,
como mucho, deberían percibir, según la
comisión; pero se ha realizado con la suficiente
habilidad para que suministre argumentos
a quienes defienden la operación.
Por ejemplo, se dice que queda un
margen de 300.000 millones (los otros
300.000, hasta 1,9 billones, serían para
remunerar el sector del carbón) para ajustar
el coste real al ficticio o calculado. No
hay que apresurarse a alabar la generosidad
de las eléctricas; si existe una diferencia
entre los CTC reales y los calculados
por el grupo Gobierno-empresas, no será
de tan sólo 300.000 millones. Una vez
cobrados, la posibilidad de que se reembolse
la diferencia que haya entre los 1,3
billones y los CTC reales será una pura
entelequia.
Desde el momento en que la CNSE
hace públicas las contradicciones y abusos
del acuerdo en la sombra y la titulización,
tanto el Gobierno como los representantes
de las empresas han desplegado un
amplio mosaico de justificaciones que son
tan reveladoras como el protocolo en sí.
Su enunciación y refutación –al menos en
primera instancia– es un ejercicio que
merece la pena realizar; porque, al tiempo
que desvela la verdadera naturaleza del
negocio eléctrico, es un desfile colorista
de los ropajes de racionalidad con los que
se pretende vestirlo.
Táctica de diversión:
“Tenemos derecho”
El argumento más repetido por el Gobierno
y las empresas para contrarrestar
las acusaciones de fraude al consumidor
es que las compañías tienen derecho a los
CTC como contraprestación a la modificación
de un compromiso regulatorio tácito.
La teoría del compromiso regulatorio y
la obligación de compensar cualquier
modificación que decida el regulador si
perjudica al regulado es una habilidosa
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