HANNAH ARENDT - Prisa Revistas

epublicanismo máximo (o maximalista) a
aquel que promueve, como única forma
deseable de ejercicio de la democracia, la
democracia directa y considera degradaciones
bastardeadoras cualesquiera otras
de sus manifestaciones.
Paso como sobre ascuas por las connotaciones
románticas y antimodernas
que están implícitas en esta nostalgia por
el “pequeño mundo antiguo”, que Rousseau
comparte con otros muchos republicanos.
Dejo a Rousseau para poder hablar
de un republicanismo intermedio, más capaz
de hacerse cargo de la dimensión creciente
de nuestras sociedades, de la consiguiente
mayor liviandad política de los
ciudadanos; y que, en concordancia con
todo esto, limita sus pretensiones a abogar
–de una forma más cauta pero también
más ambigua– por una democracia
“más participativa”. Para ver qué hay de
hacedero en esta propuesta y qué no,
abandonamos a Rousseau pero no su país
natal: Suiza. Difícilmente los republicanos
encontrarían una nación moderna
donde se den condiciones más favorables
para una democracia republicana –“más
participativa” que la anodina democracia
liberal–, tanto por tradición (Suiza virtualmente
inventó la democracia participativa
moderna, hace de ello unos 130
años: en la década de 1860) cuanto por
estructura política 10 . Además, el largo experimento
político suizo permite calibrar
algo de fundamental importancia: si una
democracia más participativa resiste la
prueba de la duración.
En un informe publicado por The
Economist el 21 de diciembre de 1996 sobre
el sistema suizo 11 , que lleva por título
‘Full Democracy’ [Democracia plena], se
analiza con franca simpatía –algo curioso,
dadas las conocidas inclinaciones liberales
de la publicación– el modo suizo, más
directo y participativo, de practicar la
democracia. En el nivel federal, los particulares
pueden expresar su deseo de intervenir
en la res publica a través de la iniciativa
(que la constitución les reconoce) de
convocar referendos. Son suficientes
50.000 firmas para desprenderse de cualquier
nueva ley de rango nacional propuesta
por el Parlamento, si así es aprobado
en votación por el pueblo. Y el doble
de firmas bastan para someter una fla-
10 Hay tres niveles de gobierno –federal, cantonal
y local–, que dejan a los ciudadanos suizos la posibilidad
de modular de manera más afinada la expresión
de su deseo de participación política.
11 Debo esta referencia a mi amigo Jorge Mínguez,
impenitente lector de esta revista.
Nº 92 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
mante nueva idea como ley a la decisión
del pueblo, incluso si el Parlamento se
desmarca completamente de la iniciativa.
Lo que se observa en la práctica, sin embargo,
es que el 48,7% de las leyes emanadas
del Parlamento y llevadas a consulta
popular salen adelante, frente a sólo el
10% de las leyes propuestas fuera del Parlamento.
No sólo esto: las contrapropuestas
surgidas del Parlamento para corregir
las leyes aprobadas por iniciativa extraparlamentaria
han sido aceptadas por la ciudadanía
en el 63% de las ocasiones. Y
hasta un 72,7% de las enmiendas constitucionales
promovidas por el Parlamento
han sido refrendadas. En suma, “sólo en
torno a un cuarto de las leyes del Parlamento
sometidas a referéndum desde
1960 han sido rechazadas, en comparación
con algo más de la mitad hace 100
años”. Lo más preocupante es, sin embargo,
la fatiga creciente de la ciudadanía
ante las convocatorias de referendo, provengan
de donde provengan. Puede sonar
casi a sarcasmo, pero el nivel de participación
ciudadana en las votaciones de ámbito
federal está en la actualidad en Suiza
por debajo del de Reino Unido, Francia o
incluso Estados Unidos: la concurrencia a
las urnas empezó a caer ya en los años
cincuenta de la media habitual de un
50%-60% a poco más del 40% en los
años ochenta y noventa. “El pueblo de
Suiza ha perdido una parte de su entusiasmo
por votar, si lo comparamos con lo
que sucede en la mayoría de los pueblos
con grandes democracias representativas”
(pág. 5).
Consideremos ahora lo que ocurre en
los 26 cantones suizos. Para ser breves y
ponernos en lo mejor, acerquémonos a
uno de los cinco cantones más pequeños,
el de Glarus, encaramado en las montañas
de la Suiza oriental y con un censo de
24.700 votantes potenciales. A una importante
convocatoria efectuada en mayo
de 1996 acudieron sólo unos 6.000, un
cuarto de los electores con derecho a voto.
El autor del informe manifiesta con
un punto de melancolía: “La gente desea
tener las grandes decisiones en sus manos,
pero no quiere perder demasiado tiempo
con las insignificantes”. Las cuestiones
importantes se dirimen a escala federal,
donde la amplitud del colegio electoral
desalienta al ciudadano de votar. El cuerpo
electoral se comprime cuando pasamos
a la dimensión cantonal, pero entonces
la comparativa menor relevancia de lo
que está en juego es lo que aleja al ciudadano
de las urnas. La conclusión es que el
voto es minoritario en cualquier caso.
JUAN ANTONIO RIVERA
El problema se agrava aún más en la
escala local, donde el grado de participación
que se observa en las elecciones cantonales
sería aquí considerado como un
éxito estruendoso. La contraintuitiva conclusión
que se sigue de lo ya expuesto es
que, al menos en Suiza (feudo señero de
la democracia republicana, si es que tal
cosa existe en este mundo), las facilidades
encontradas para la participación política
acaban erosionando a la larga la participación
efectiva.
La astucia de la democracia
Hemos estudiado ya las razones del retraimiento
de buena parte de los ciudadanos
frente a la sugerencia de un compromiso
mayor con el espacio público a que acuciosamente
les convidan los republicanos.
Veamos ahora si eso les deja tan inermes
como se dice frente a políticos profesionales
desaprensivos. Empezaré contándoles
un cuento de hadas político, al que pondré
el hegelianizante título de La astucia
de la democracia. El cuento dice más o
menos lo siguiente:
En economía, la integración vertical
consiste en la realización por una misma
empresa de fases distintas y sucesivas del
mismo proceso de producción. Las grandes
empresas petrolíferas son un buen
ejemplo de integración vertical: llevan a
cabo la exploración, perforación y extracción
del crudo, su transporte a las refinerías,
el refinado y el posterior acarreo a las
estaciones de servicio, de las que también
son propietarias. Volviendo a nuestra
concepción del Estado como empresa, la
división de poderes constituye un caso de
desintegración vertical: la producción y administración
de la ley y el orden (la competencia
básica del Estado protector) es
fragmentada en fases sucesivas, asignándose
la realización de cada fase a una empresa
o poder independiente (el Legislativo,
el Ejecutivo y el Judicial), que con su
actuación limita la capacidad de las demás
para configurar el resultado o producto
final 12 .
La integración horizontal tiene lugar
cuando se funden en una varias empresas
12 La división de poderes guarda una estrecha relación
con la secuencia en cuatro etapas para la aplicación
de los principios de la justicia a las instituciones de
que habla John Rawls (véanse A Theory of Justice,
págs. 195-201, Harvard U. P., Cambridge, Mass.
1971; y Habermas, J., y Rawls, J.: Debate sobre el liberalismo
político, págs. 102 y 103, Paidós, Barcelona,
1998). La idea es ésta: la primera etapa de la secuencia
es la elección de los dos principios de la justicia tras
un espeso velo de ignorancia en la posición original (los
ya célebres principios rawlsianos de la justicia son PJ1:
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