HANNAH ARENDT - Prisa Revistas

LA ESFERA PÚBLICA DEL ANTIGUO RÉGIMEN
se, en la España del antiguo régimen, del
Siglo de Oro a la Ilustración, tuvo lugar un
movimiento doble y contradictorio. Por
una parte, la transición de imperio a potencia
regional en camino de ser estado nacional
facilitó la formación de una comunidad
de ciudadanos, al ayudarles a centrar
sus inquietudes públicas en esa comunidad
particular y reforzar así los lazos políticomorales
que los unían. Por otra, esa misma
transición contribuyó a engendrar las condiciones
de un nuevo modelo de estado teleocrático
y la correspondiente política de
fe, esta vez en torno a la definición del interés
nacional que enfrentaba a unas naciones
con otras, y que en la mayoría de los
casos tenía una conexión bastante débil
con la tradición constitucional del pasado.
Así, el potencial de una sociedad civil vibrante
y poderosa, que al principio parecía
existir, se perdió (en parte) en el curso de los
acontecimientos. A comienzos del siglo
XVI, los estratos dirigentes de Castilla se
orientaron hacia un universo abierto y en
vías de expansión, que se definía por un
orden económico mundial, un ancho espacio
político, el ius gentium en la arena internacional
y una tradición constitucional
en la doméstica, y una fe religiosa todavía
abierta a la influencia de un humanismo
cosmopolita. Al final del camino y dos siglos
y medio después, los ilustrados habían
estrechado el radio de su compromiso cívico
para acoplarlo al marco de una sociedad
de orden al estilo francés, sometida a una
autoridad semidespótica, y de un estado
nacional dispuesto a jugar una partida de
prestigio, riquezas y potencia militar con
contrincantes parecidos. Es significativo, a
este respecto, que a los ilustrados les costara
tanto trabajo recobrar el sentido (que los
escolásticos del siglo XVI tenían) de lo que
podía significar un orden económico extenso,
según se demuestra en cómo entendieron,
o más bien no entendieron, el
mensaje de Adam Smith. La riqueza de las
naciones (cuya traducción se demoró casi
veinte años) no despertó el menor interés
entre los lectores de Smith por su explicación
de cómo funcionaba el sistema económico
ni su teoría subyacente de la acción
humana: se interpretó como un estudio
de teoría política y un instrumento útil
de gobierno (Schwartz, 1998; Perdices,
1998).
Un final inquietante
La historia de la España del antiguo régimen
tiene un final revelador y significativo
en el hundimiento de la monarquía
frente a la invasión francesa y la guerra de
1808-1814. Mientras el estado borbóni-
co, con el contrapunto de la opinión pública
ilustrada, parecía alcanzar su cenit
en el reinado de Carlos III (1759-1788),
la realidad iba a descubrir muy pronto lo
débil y precario de ese triunfo. En efecto,
durante los 20 o 30 años siguientes España
conoció una situación de crisis permanente,
que suministraría unos cimientos
bastante frágiles para construir el estado
de los siglos XIX y XX.
Cuando cambió el siglo, la prolongada
crisis del estado procedía de una confluencia
de factores aparentemente fortuita.
Los efectos contraproducentes de la
política exterior de Carlos III se revelaron
poco a poco, pero la crisis fiscal del estado
se agravó de golpe. Había ido empeorando
como consecuencia de la política exterior,
que llevó a la guerra, primero contra
Francia y después, en alianza con ésta,
contra Inglaterra. A eso se añadió el descontento
provocado por la crisis económica,
la confusión causada por las noticias de
los sucesos extraordinarios de Francia (y
por la imposición de un cordón sanitario
de censura con el que se pretendía controlar
la difusión de esas noticias) y el descrédito
que arrojó sobre la familia real el intenso
odio paterno-filial que enfrentó a
Carlos IV y su heredero, el futuro Fernando
VII, y que culminó en un golpe de estado
por parte del segundo. Durante cierto
tiempo, algo de la irritación popular se
canalizó hacia un chivo expiatorio, el ministro
Manuel Godoy. Pero la invasión de
España por los ejércitos franceses, introducidos
en son de aliados, sería la prueba
de tornasol de la solidez del estado borbónico,
que se vino abajo como un castillo
de naipes, arrastrando consigo a los escalones
superiores de las clases privilegiadas.
La familia real, padre e hijo, ya antes unidos
por el odio recíproco, se concertaron
aún más en un espectáculo de sumisión al
invasor francés, abdicando ambos en su
favor. Ningún otro órgano del estado asumió
la menor responsabilidad en tal situación:
ni consejos reales ni audiencias regionales,
ni virreyes ni capitanes generales
ni intendentes. El ejército real no presentó
batalla al invasor; la cúpula de la jerarquía
eclesiástica calló o se sometió, y otro tanto
hizo la alta nobleza (Artola, 1959).
En esas circunstancias, ausentes el estado
y las élites dominantes, una miscelánea
de agrupaciones sociales e individuos
tomó las armas de forma bastante espontánea
y por propia iniciativa, y al hacerlo
descubrieron en sí, primero unos pocos y
después muchos, fuertes vínculos con una
identidad común a la que llamaban pueblo,
patria, país o nación española. Esa re-
acción fue iniciada por los más diversos
protagonistas: autoridades locales, jefes y
oficiales de algunas pequeñas unidades del
ejército, y, sobre todo, guerrillas formadas
por campesinos, arrieros, artesanos, pastores,
sacerdotes y seminaristas, alentadas y
sostenidas por los municipios. Es elocuente
que el primero en declarar la guerra formalmente
a Napoleón fuera el alcalde de
un pueblo, Andrés Torrejón, alcalde de
Móstoles. Los pueblos basaron su resistencia
en los recursos organizativos que les
proporcionaba una larga experiencia de
control del poder y regulación de la economía
a escala local, la costumbre de uso
y tenencia de armas blancas y de fuego, y
una memoria colectiva de hazañas de guerra
que nutría una ética del honor casi caballeresca.
Inventaron sobre la marcha una
estrategia de combate, la guerra de guerrillas,
y formas propias de coordinación interlocal
o provincial. Sobre esa experiencia
colectiva se alzó una estructura organizativa
un tanto precaria, presidida por una
junta central cuyo presidente era el ilustrado
Gaspar de Jovellanos y subordinada a
las Cortes de Cádiz. De ese modo la sociedad
se embarcó en lo que iba a ser un largo
periodo de contienda local intermitente,
combinada con una sucesión vertiginosa
de regímenes políticos: liberal
(1812-1814), absolutista (1814-1820), liberal
(1820-1823), absolutista (1823-
1833) y, finalmente, la guerra civil entre
un gobierno liberal y enclaves carlistas absolutistas,
radicados sobre todo en el País
Vasco y Cataluña (entre 1833 y 1840). En
ese contexto dramático se verificó una
aproximación entre esta experiencia colectiva
de “anarquía organizada” y la invención
de una nueva tradición liberal, influida
por las corrientes intelectuales nacidas
a fines del siglo anterior. Sería un paso decisivo,
iniciador de una etapa totalmente
nueva en la evolución del estado y la sociedad
españoles de los siglos XIX y XX,
así como en su esfera pública.
Cabe dedicar una última reflexión a
un grupo peculiar de intelectuales, herederos
de los ilustrados, a quienes las vicisitudes
de la época empujaron a una posición
de incómoda ambigüedad: los llamados
(en el más amplio sentido)
“afrancesados”, cuyo destino fue permanecer
entre bastidores o coexistir con el
invasor (en régimen de desconfianza o de
colaboración), y más tarde emigrar a
Francia en lo que para muchos fue un
viaje sin retorno. Eran gentes de sentimientos
mezclados y de difícil clasificación,
como el escritor Leandro Fernández
de Moratín, o Juan Antonio Llorente,
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