HANNAH ARENDT - Prisa Revistas

EL PARAÍSO ELÉCTRICO
millones queden sujetos a la evolución
de los precios de mercado y de los costes
del sector, porque, como se ha argumentado
antes, lo que está en cuestión es
que la liquidación definitiva otorgue a
las empresas el derecho a percibir más
de 400.000 millones, que es el cálculo
de la CNSE. Las reticencias de la CNSE
iban naturalmente más allá de su bien
trabada argumentación económica y sugerían,
además, que las empresas estaban
haciendo trampas en la definición
de la calidad de sus activos para percibir
los CTC. Si las evaluaciones de los instrumentos
de producción de las compañías
que dieron lugar a los 1,9 billones
de pesetas reconocidos en el protocolo
fueran ciertas, ni una sola de las centrales
eléctricas españolas se salvaría del
cierre. Apreciación difícil de mantener
cuando los resultados del primer año de
vigencia de la ley parecen confirmar
que, más que recibir dinero, las empresas
deberían devolverlo al sistema y a los
consumidores.
Miranda (Endesa), Tuñón (Hidrocantábrico),
Herrero (Iberdrola) y Reinoso
(Unión Fenosa) entraron en el meollo de
la cuestión; es decir, en si era legítimo
apropiarse por anticipado de unos CTC
cuyo cálculo era imposible de precisar.
“Otro argumento en contra de la titulización
se articula sobre la imposibilidad de
calcular a priori el importe justo que las
compañías eléctricas deben recuperar a
través de los CTC”, afirman. Y concluyen:
“Los CTC dependen, sobre todo, en
primer lugar, de las inversiones que acometieron
las empresas bajo un régimen
regulatorio que garantizaba su recuperación
y, en segundo lugar, del precio medio
al que las empresas eléctricas puedan
vender su energía en condiciones de competencia”.
Por tanto, ese cálculo sería
perfectamente posible –suponen los consejeros
delegados– y la titulización una
operación legítima.
Hay varias objeciones que invalidan
tal explicación. La más importante es que
la amortización de “las inversiones
que acometieron las empresas” no depende
solamente de su cuantía inicial, sino de
factores financieros que no están predeterminados.
Por ejemplo, del nivel de tipos
de interés. ¿Cómo puede determinar alguien
qué nivel de ingresos serán necesarios
en el ejercicio 2002 o 2005 para
amortizar las inversiones pendientes? La
respuesta es que no se puede.
Mañana ya se verá: los mecanismos
correctores
Como prueba palpable de lo que se conoce
como mala conciencia, o quizá con el
ánimo de trasladar al futuro el ajuste de
cuentas imposible con el presente, los
partidarios de la titulización –el Gobierno,
sus aliados políticos como CiU y las
empresas– han extendido el argumento
tranquilizador de que, a fin de cuentas, si
las empresas percibieran más de lo debido,
el Gobierno podrá utilizar medidas
correctoras para evitarlo. Ésta es la justificación
pública –más bien autojustificación–
que encontró CiU para votar a
favor de la famosa enmienda de titulización.
Así expone el artículo de los consejeros
delegados tesis tan tranquilizadora: “La
titulización no impedirá en absoluto que
puedan, y deban”, y así está previsto que se
haga si finalmente la titulización se hace
posible, “establecerse mecanismos que eviten
que las empresas eléctricas reciban por
el concepto de CTC ni una sola peseta
más de las que legítimamente se les han reconocido”.
De nuevo estamos ante un
juego de palabras anestesiante. La Ley
54/1997 menciona un máximo de 1,9 billones
pero no reconoce exactamente cantidad
alguna. Ésta es una diferencia decisiva
para entender por qué la titulización
de la deuda por moratoria nuclear no perjudica
a los consumidores y la titulización
de los CTC, sí. Cuando el presidente de
Unión Fenosa adopta un tono didáctico
para recordar que “este mecanismo [titulización]
ya se ha empleado con éxito en el
sector eléctrico español con motivo de la
moratoria nuclear” y se sorprende –retóricamente,
claro, para insinuar que existen
razones políticas– de que la comisión “no
se opusiera entonces a la titulización de la
moratoria nuclear, mientras se desaconseja
ahora la titulización de una parte de los
CTC”, olvida que la deuda por moratoria
nuclear era una cifra unívoca y reconocida
oficialmente, con pesetas y céntimos
cuantificados con toda precisión. Mientras
que en el caso de los CTC, hay que
insistir, estamos ante una estimación, un
abanico reconocido por ley, entre cero pesetas
y 1,9 billones.
Pero volvamos a los mecanismos correctores,
esos que deben evitar que las
empresas eléctricas “reciban una sola peseta
más de las que legítimamente se les han
reconocido”. El problema es que no existen.
Descontados los recargos, uno de los
cuales responde al pago de la moratoria
nuclear y otro al 4,5% de los CTC (que
lógicamente desaparecería, además de las
subvenciones al carbón u otras no relacionadas
con el caso), el resto de los componentes
de la tarifa está regulado por el
mercado. No hay un procedimiento eficaz
para que las compañías devuelvan el
dinero que perciben mediante titulización
en el caso de que se demuestre que han
percibido dinero indebido del usuario. O,
con más exactitud, habría uno: un impuesto
especial. ¿Sería concebible crear un
impuesto de carácter temporal y que respondiera
a esta razón?
La coartada de las tarifas
La justificación por las tarifas es el argumento
más eficaz de los defensores de la
titulización. Es un argumento claro, aparentemente
inatacable, y el usuario al que
le rebajan el 2,5% el recibo de la luz quizá
no se pregunte por qué ni tampoco si
esa rebaja es suficiente. El ministro de Industria
lo expone con ese tonillo de solterona
revanchista que se complace en hurgar
en las miserias ajenas, y que tan bien
cuadra en el clima general del PP:
“Una segunda evidencia es que entre 1983 y
1996 (ambos inclusive) no se produjo ninguna bajada
de la tarifa eléctrica. En 1997 la tarifa bajó un
3% y en 1998 un 3,63%. Es decir, que los sucesivos
Gobiernos socialistas no supieron, no pudieron
o no quisieron bajar la tarifa. Este Gobierno ha tenido
la voluntad de hacerlo, lo ha hecho y lo va a
seguir haciendo, al menos durante los próximos
tres años. Estas bajadas han sido posibles gracias a
la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico, que
suprimió el marco legal y estable y, en segundo lugar,
gracias al protocolo que permitió adelantar a
1997 los efectos beneficiosos que el nuevo mercado
de generación eléctrica iba a suponer”.
Aquí, en esta retórica comparativa del
niño prodigio del centrismo, está el haz y
el envés del artefacto económico construido
a medias por el equipo energético de
Piqué y las presiones del lobby eléctrico.
El ministro mezcla hábilmente un hecho
cierto (entre 1983 y 1996 no se rebajaron
las tarifas eléctricas) con mentiras evidentes,
aunque legítimas en un ámbito de la
política que permite apuntarse tantos sin
rubor vengan de donde vengan. Las tarifas
eléctricas bajan –o, por decirlo en términos
más exactos, están en disposición de
bajar– cuando los costes retribuidos descienden.
En 1997 y 1998 las tarifas bajaron
porque el descenso de los tipos de
interés (y el aumento de la demanda eléctrica,
añadiría un economista industrial)
redujo sustancialmente los costes de financiación.
Ya podría haberse empeñado
mucho, muchísimo, poco o regular el
Gobierno del PP “que ha tenido la voluntad
de hacerlo”: que si los tipos de interés
(u otros costes significativos) durante ambos
ejercicios no hubieran descendido de
forma sustancial (sin que, por otra parte,
pesara en esta etapa histórica la amenaza
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