HANNAH ARENDT - Prisa Revistas

Ahora bien, un analista político tan
exquisitamente dotado como Rawls, aparte
de persuadirnos de incluir en la Constitución
ciertos fines sociales, nos ha prevenido
también sobre la necesidad de ser
modestos en lo que hace a su alcance.
Querer avanzar demasiados pasos hacia
una mayor justicia social, por ejemplo,
erizará en torno nuestro un número cada
vez mayor de efectos contraproducentes.
La imputación de falta de direccionalidad
en la vida pública es también desencaminadora.
Después de las tenebrosas
experiencias del totalitarismo nazi o soviético,
deberíamos haber quedado ya todos
vacunados contra la deseabilidad de
una sociedad de fines o teleocrática, y preferir
en su lugar una más modesta sociedad
de normas o nomocrática, pues esta
última es la única que permite a los individuos
ir en pos de los fines que personalmente
consideren más estimables, sin otra
restricción que la atinencia a las normas
compartidas 17 . En una sociedad nomocrática,
la dirección que tomen las vicisitudes
sociales será, en lo fundamental, la
resultante inintencionada de la suma de
una compleja multiplicidad de vectores
desiderativos individuales. Que la escena
pública no esté poblada de objetivos sociales
que requieran perentoriamente la
contribución de los ciudadanos es lo que
deja a éstos en franquía, como particulares,
para ocuparse de sus negocios privados.
Lejos de ser un pasivo social, como
algunos despistados piensan, esta ausencia
de un proyecto de nación es la auténtica
huella dactilar de las sociedades abiertas.
Lo impredecible y errático del rumbo
social en estas circunstancias es lo que desespera
a tantos intelectuales –republicanos
incluidos– que, lejos del propósito de
enmienda ante pasados descalabros, continúan
teniendo ideas muy claras sobre lo
que sería una buena marcha de los asuntos
públicos, y pretenden –¡el búho de
17 Hablé de la distinción entre sociedad de
fines/sociedad de normas en mi artículo Hayek, Tolstói
y la batalla de Borodino, CLAVES DE RAZÓN
PRÁCTICA, núm. 13, págs. 50-56, junio de 1991.
Víctor Pérez Díaz también se manifiesta en favor de
“un orden nomocrático y no teleocrático”, en Elogio
de la universidad liberal, CLAVES DE RAZÓN
PRÁCTICA, núm. 63, págs. 2-9, junio de 1996; pág.
6. Las expresiones “nomocrático” y “teleocrático” son
empleadas por Hayek en Law, Legislation and Liberty,
vol. 2, pág. 15. Routledge, Londres, 1982, que a su
vez atribuye la paternidad de la distinción a Michael
Oakeshott. El mismo Rawls afirma que “una… diferencia
básica entre una sociedad democrática bien ordenada
y una asociación es que una sociedad tal no
tiene fines y objetivos de la manera en que los tienen
las personas o las asociaciones” (Political liberalism,
cit., pág. 41).
Nº 92 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
Minerva nos coja confesados!– que la realización
de sus más empedernidos anhelos
es la base de cualquier regeneración política
en profundidad. Me es muy grato
constatar que Salvador Giner, a la vez que
repudia estas motivaciones, ve en ellas
una de las formas latentes de degeneración
del republicanismo:
“Una sociedad de ciudadanos plenamente virtuosos
no sólo sería farisaica y ultrapuritana, sino
que conduciría a la postre a la imposición violenta
de la virtud. Los terrores virtuosos de Robespierre
y de Stalin… bastan ya para ver en qué para la cosa”
(pág. 7).
El sistema inmunitario de
la democracia liberal
Las características del diseño constitucional
de una democracia liberal contribuyen
decisivamente al buen funcionamiento
de su sistema inmunitario. Facilitan la
fragmentación del conglomerado político
(tanto en horizontal como en vertical) y
la vigilancia recíproca de las partes. También
colocan límites al ejercicio del poder
político en su conjunto; límites que, por
una parte, protegen al ciudadano de intrusiones
ilegítimas en su esfera privada, y
que, por otra, le facultan para deshacerse
de los gobernantes que gestionan mal los
recursos públicos. Conscientes de que
los políticos en el poder quedan expuestos
frente a los ciudadanos en los periodos de
reelección, los grupos de oposición intensifican
su lucha contra la mala memoria
de los ciudadanos y les recuerdan con tenacidad
los incumplimientos más flagran-
JUAN ANTONIO RIVERA
tes del programa electoral que en su día
enarboló el actual equipo gobernante.
El papel de la prensa, y de los medios
de información en general, como cuarto
poder, es crucial. En este cuarto poder se
encuentran los intermediarios que informan
a los ciudadanos de los entresijos del
poder político. En especial, los periodistas
(que se cuentan entre los leucocitos más
activos del sistema inmunitario de la democracia)
están interesados en destapar escándalos
políticos, pues no necesitan que
nadie les explique que eso aumenta las tiradas
de los rotativos. Sin esta labor de información,
los gobernantes se moverían
mucho más a sus anchas en las densas
opacidades de un poder inescrutado. La
función ilustradora del público acerca de
lo que sucede en los recintos de poder es
tanto más importante cuanto mayor sea
el grado de corporativismo que, en ciertos
asuntos, manifiesten los partidos políticos
con independencia de su signo. Javier
Pradera menciona en concreto los casos
de ilegalidad en los procedimientos de financiación
que salpicaban a la mayoría de
los partidos, y el pacto tácito de silencio
que éstos mantenían sobre tal asunto innombrable,
en la época de los gobiernos
socialistas. Pacto que se vino abajo merced,
en buena medida, a las “auditorías”
de cuentas que espontáneamente practicaron
diversos medios de comunicación:
“Esa recuperación de la prensa de su papel autónomo
frente a la política se produce siempre que
el funcionamiento de las instituciones representativas
queda bloqueado o dificultado por la connivencia
de todos (o casi todos) los partidos en una
estrategia de ocultación o silencio (…) Sin la contribución
de los medios de comunicación, la mayoría
de los escándalos del periodo habrían quedado
sofocados” 18 .
Los jueces, muchas veces puestos sobre
la pista de la corrupción política por
los insomnes sabuesos de la prensa, están
investidos de poder para instruir expedientes,
enjuiciar y, si procede, castigar
los desmanes de los políticos profesionales.
Los ciudadanos, consumidores de escándalos
públicos a través de la diligente
labor de la prensa escrita, la radio o la televisión,
gozan por su parte del privilegio
de la indignación moral: pueden proyectar
sobre sus representantes las mezquindades
y flaquezas de las que ellos se suponen
ufanamente exentos.
18 Pradera, J.: Jeringas, agendas y silencios. El poder
de los medios de comunicación, CLAVES DE RAZÓN
PRÁCTICA, núm. 32, págs. 48-55, pág. 54, mayo de
1993.
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