HANNAH ARENDT - Prisa Revistas

de otros más rentables y con menos hipotecas.
A cambio de cargar con los muertos
del sector privado, Endesa percibía una
retribución especial por kilovatio producido.
Como en las fábulas de Iriarte o Samaniego
que topografían la ingratitud
humana, las empresas privadas no sólo no
apreciaron el regalo de que Endesa cargara
con sus cuantiosos activos incompetentes
y endeudados, una decisión que los
Gobiernos del PSOE tuvieron que imponer
por la fuerza al grupo del Estado, sino
que se dedicaron a criticar la retribución
especial como causa del encarecimiento de
las tarifas y a explicar –y deplorar– los beneficios
de Endesa en esta circunstancia.
El MLE no podía ser la ortopedia
permanente de un sector incapaz de remontar
su elevado endeudamiento y su
incapacidad de producción competitiva,
habituado a obtener elevados beneficios y
saneados dividendos a cuenta de la manipulación
de la política tarifaria. Así que
en tiempos del ministro de Industria
Claudio Aranzadi se elaboró el primer borrador
de una ley de liberalización del sector
eléctrico, que posteriormente se
Nº 92 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
convertiría, retocada por Juan Manuel
Eguiagaray y su equipo, en la Ley de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional
(LOSEN). La liberalización propuesta
por Aranzadi implicaba someter al libre
mercado a la producción y a la comercialización
de la electricidad; introducir
competencia en la producción eléctrica
mediante la subasta de las nuevas plantas
de generación y, sobre los datos facilitados
por este mercado abierto, reconfigurar
paulatinamente la retribución del inmovilizado.
Se trataba de sustituir poco a poco
el MLE por los precios de mercado, y de
favorecer una liberalización rápida de la
comercialización. La propuesta de Aranzadi
sufrió severas presiones de las compañías
eléctricas, que no aceptaban (ni aceptan)
una distribución comercial competitiva. El
equipo de Eguiagaray cristalizó legalmente
la propuesta socialista de liberalización
eléctrica en la LOSEN. Esta ley creaba la
CNSE, primer organismo de regulación
sectorial existente en España; daba entrada
a los consumidores en el proceso regulador
a través del consejo consultivo de
dicha comisión, y establecía la existencia
de contratos de mercado entre productores
y consumidores o comercializadores.
Durante el segundo semestre de 1995, la
presidencia española de la Unión Europea
impulsó la aprobación de la directiva del
Mercado Único de Electricidad, finalmente
aprobada en 1996, que hoy es la
norma de referencia de la regulación eléctrica
en la Comunidad Europea; directiva
que tendrá importancia después, como
oportunamente se verá.
El primer ministro de Industria del
Gobierno de Aznar tomó la decisión de
modificar el contenido de la LOSEN. Josep
Piqué negoció un protocolo eléctrico,
pactado con las empresas eléctricas, con el
objetivo declarado de adaptar la ley a la
nueva normativa comunitaria, que exigía
una liberalización del mercado eléctrico
más amplia y rápida de lo provisto por
Gobiernos anteriores y, al mismo tiempo,
facilitaba su aplicación por parte de las empresas.
La negociación iniciada por Piqué
presentaba desde el comienzo todos los estigmas
de una estrategia subordinada a los
intereses de las empresas eléctricas. Reconocía,
probablemente de forma apresurada
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