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interferir el funcionamiento de las instituciones hasta el punto de que sus
ocupantes eran efectivamente desposeídos del poder.
Aunque la cara amable de la fuerza moral era el pretexto para usar este
procedimiento, eran las disfunciones económicas y simbólicas las que
hacían efectiva la estrategia en su conjunto.
Hoy día, los actos de desobediencia civil (DC) están generalmente más
dirigidas a presionar a las instituciones para que asuman “reformas”,
que no a provocar un colapso general, en tanto que este estilo de resistencia
contempla la posibilidad de entablar negociaciones.
Por esta razón, los gobiernos modernos del primer mundo tienden a ser
tolerantes con este tipo de actuaciones, puesto que no amenazan necesariamente
la existencia continuada de una nación o de su clase gobernante.
Aunque la desobediencia civil no deja de ser castigada, hay que notar
que tampoco es enfrentada con una violencia extrema por parte del estado,
ni son sus activistas etiquetados como revolucionarios ni tratados
como prisioneros políticos en caso de ser arrestados. (Ha habido, desde
luego, excepciones notables a esta política en el primer mundo, así
la persecución de los activistas norteamericanos de los derechos civiles
en el sur profundo.)
Pese a que la DC es aun efectiva tal y como fue originariamente concebida
(particularmente a niveles locales) su eficacia disminuye con cada década
que pasa. Este declive se debe principalmente a la creciente habilidad
del poder para eludir las provocaciones de la desobediencia civil.
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