GEO Chile 2005.pdf - Programa de Naciones Unidas para el Medio ...

consecuente extinción local de las mismas y empobrecimiento de la
biota que se pretende conservar (Simonetti & Mella, 1997). Tercero,
las unidades del SNASPE son invadidas por especies exóticas y son
usadas como fuente de recurso por pobladores locales. Esto ocurre,
entre otros factores, por imprecisiones al establecerse o delimitarse
las áreas protegidas, y la falta de recursos para un efectivo control y
desarrollo de alternativas para el uso de recursos naturales por los
pobladores locales (Araya & Cunazza, 1992). Mientras las especies
introducidas, incluyendo ganado doméstico, pueden afectar negativamente
la regeneración de las especies protegidas, al consumir sus frutos
o brotes tiernos, por ejemplo, la extracción de leña por pobladores
locales puede afectar la demografía y sobrevivencia de las especies
arbóreas protegidas (e.g., Simonetti, 1998b; Henríquez & Simonetti,
2001). Si las áreas silvestres protegidas se han de consolidar como
una sólida herramienta de conservación de la biodiversidad nacional,
su gestión debería incluir tanto las variables biológicas como sociales
a fi n de representar toda la biota, mantener poblaciones viables y contar
con el apoyo de las comunidades aledañas (Simonetti, 1998b).
La limitada representatividad de especies y ecosistemas en el SNASPE
ha sido progresivamente abordada a partir de distintos talleres de expertos
destinado a seleccionar áreas prioritarias para su conservación
en función de su riqueza biológica (Muñoz et al., 1996), algunos de
los cuales efectivamente se han incorporado al SNASPE en los últimos
años, tales como la Reservas Nacionales Altos de Lircay y Los
Queules. A su vez, en los últimos tres años se han creado oficialmente
las primeras áreas protegidas marinas que son Punta Morro-Desembocadura
Río Copiapó (III Región), Las Cruces (V Región) y Francisco
Coloane (XII Región). Actualmente se trabaja en el establecimiento del
área protegida marina Lafken Mapu Lahual, en la X Región.
Además, la cobertura del SNASPE puede complementarse con el desarrollo
de áreas silvestres protegidas de propiedad privada. En efecto,
la Ley de Bases del Medio Ambiente Artículo 35, Párrafo 4É, Título II
indica que el Estado incentivará la creación de áreas silvestres protegidas
privadas. No obstante el reglamento que hace operativo este
artículo, a pesar de estar aprobado oficialmente, aún no entra en vigencia.
En consecuencia, todavía no se dispone de incentivo alguno
para adquirir, crear y mantener áreas protegidas en terrenos privados.
No obstante, las áreas protegidas privadas han tenido un notorio desarrollo
en los últimos años, como se detalla más adelante. La dedicación
voluntaria de tierras para la conservación, como expresión de
fi lantropía ambiental, debería fortalecerse mediante incentivos apropiados
de diversa índole (e.g., Villarroel, 2001). La falta de recursos
para adquirir nuevas tierras e incorporarlas al SNASPE, hace que la
cooperación público-privada para la conservación de la biodiversidad
sea una estrategia necesaria y viable en el país.
Desde la perspectiva de complementar la función del SNASPE deben
destacarse en especial los esfuerzos tendientes a la creación de áreas
protegidas de diferente naturaleza como se refleja en algunas ERB. Un
caso es, por ejemplo, el de la VIII Región del Bío-Bío, donde la ERB ha
puesto especial énfasis en la protección de áreas naturales de propiedad
de empresas forestales en un paisaje actualmente dominado por
plantaciones de especies exóticas. Lo mismo ocurre con la protección
de las cuencas que abastecen de agua potable a grandes ciudades del
sur del país –incluyendo a Concepción, Temuco y Valdivia– incorporadas
en las respectivas ERB y para las cuales se están diseñando las
figuras y mecanismos más apropiados de protección y manejo. Estos
ejemplos representan avances en términos de acciones de conservación
de forma más integrada con lo que ocurre a nivel de paisaje.
Finalmente, cabe mencionar que los sitios prioritarios para la
conservación identificados en las respectivas ERB han comenzado
por primera vez a ser considerados en instrumentos de planificación
territorial. Este es el caso, por ejemplo, de los Planes Regionales
de Desarrollo Urbano (PRDU), que desde el año 2004 comenzaron
a incorporar entre las categorías recomendadas de uso del suelo la
protección de los sitios prioritarios para la conservación. Avances
similares se han registrado a nivel de los Planes Comunales de
Ordenamiento Territorial (PCOT). Si bien ni los PRDU ni los PCOT
son vinculantes en relación a los usos del suelo que recomiendan
para las zonas rurales, la mención en estos instrumentos de los sitios
prioritarios de las ERB es un primer paso destacable. No obstante, en
materia de planificación territorial para la conservación los vacíos y
desafíos del país siguen siendo mayores.
4.3.4.2 Áreas protegidas privadas
El primer catastro de áreas protegidas privadas (APPs) en Chile fue
realizado en 1997 por CIPMA (Sepúlveda 1998). Entonces se registraron
39 APPs que cubrían cerca de 400 mil hectáreas. Un catastro
reciente realizado por Codeff a solicitud de la CONAMA estima en más
de 300 las APPs existentes actualmente en el país, con una cobertura
cercana a 1.400.000 hectáreas (Maldonado & Faúndez, 2005). Esta
última cifra no da cuenta de la enorme gama de APPs creadas espontáneamente
en Chile desde comienzos de los años 90, ni de la diversidad
de motivaciones de sus gestores. De acuerdo a los resultados
finales de un proyecto realizado por CIPMA, sólo en la Décima Región
existirían cerca de 150 APPs, de tamaño predominantemente pequeño
y mediano (Sepúlveda 2001, 2002a, Villarroel 2001; Sepúlveda et al.
2003). Entre los tipos más frecuentes de propietarios de APPs se encuentran
los gestores individuales, las comunidades de conservación
y los proyectos ecoinmobiliarios (Sepúlveda 1998). Destaca que entre
los gestores de APPs las empresas tienen una participación menor en
relación a los gestores dominantes (Sepúlveda 1998, Maldonado &
Faúndez, 2005). Respecto a la motivación, la principal es un sentido
de custodia de la naturaleza, fenómeno ya descrito en países desarrollados
con el concepto de land stewardship (Langholz et al. 2000).
Entre el año 2000 y 2003 CIPMA elaboró criterios y procedimientos
para el reconocimiento de tres APPs demostrativas por parte de
la CONAF. Este trabajo fue un insumo clave para la elaboración del
Reglamento de Áreas Silvestres Protegidas Privadas en 2004, texto
que posibilita la puesta en práctica del artículo 35 de la Ley de Bases
del Medio Ambiente y que crea la figura legal de las APPs en Chile.
Debido a dificultades jurídicas derivadas de la ley que crea el SNASPE
y a la inexistencia de un marco legal actualizado para la institucionali-
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INFORME PAÍS • ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE EN CHILE • 2005
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