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Otros desafíos pendientes han sido planteados por la OCDE en su
reciente informe 2005 de evaluación de la institucionalidad ambiental
del país en lo que a protección de la biodiversidad se refiere (OCDE,
1995). Este informe ambiental forma parte de la evaluación general
que los 30 países que integran la OCDE han realizado respecto de
Chile ante el interés manifestado por el país para integrarse a dicha
organización. Específi camente, la OCDE plantea 7 recomendaciones
entre las que destaca la necesidad de que el país avance hacia un
sistema efi caz de ordenamiento territorial que incorpore los valores de
la diversidad biológica (Cuadro 4.16). El informe de la OCDE también
plantea dudas en relación al ritmo en que el país está avanzado para
dar cumplimiento de la meta de proteger el 10% de los ecosistemas
relevantes para el año 2010. Por último, la OCDE da cuenta de que se
percibe “una insatisfacción general por el bajo nivel de actividad para
hacer cumplir las normas ambientales”. Esta crítica a la efectividad en
el cumplimiento de las disposiciones ambientales en general, también
afecta a la protección de la biodiversidad en particular.
Un caso que ejemplifi ca bien el desafío de mejorar la efectividad del
cumplimiento de las disposiciones existentes es del grave daño por
contaminación industrial experimentado en 2004-2006 por el humedal
del Río Cruces en la provincia de Valdivia, X Región. Desde 1981 4
mil 877 hectáreas de este humedal fueron declaradas Santuario de la
Naturaleza, una categoría ofi cial de protección del Estado de Chile. El
sitio fue además presentado y aceptado por la Convención Ramsar en
1981 como un humedal de importancia internacional, debido a su valor
ecológico y por ser el principal hábitat en Chile del cisne de cuello negro
(Cygnus melancoryphus), una especie declarada como “vulnerable”
en el listado ofi cial de especies con problemas de conservación y foco
de un programa especial de conservación de la CONAF. Un proyecto
de inversión que comenzó a operar a inicios de 2004 ha afectado la
calidad de aguas del Santuario produciendo un desastre ecológico
acreditado por un estudio científi co encargado por la CONAMA (UACh
2005). El caso ha puesto en evidencia fallas tanto del SEIA para prevenir
el desastre, como del sistema de protección nacional e internacional
del humedal. La falla principal fue la misma aprobación a través del
SEIA de una industria altamente contaminante cuyos residuos líquidos
descargan a un área protegida de alta sensibilidad ecológica. Dicha
localización, propuesta por la empresa, no fue modificada debido a
vacíos fundamentales en el proceso de evaluación ambiental, el que
no contempla, por emplo, análisis de alternativas ni de localización.
Hasta ahora, a pesar del daño científicamente acreditado, no se ha
puesto en práctica el principio precautorio consignado en el Convenio
de Diversidad Biológica. Tampoco el sitio ha sido ingresado al Registro
de Montreux, abierto específicamente por la Convención Ramsar para
facilitar a los países la recuperación de sus humedales amenazados. El
ingreso del humedal a este registro ha sido explícitamente recomendado
tanto por organizaciones internacionales (WWF 2005) como por la
Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la Región
X en su Resolución Exenta 017 del 18 de enero de 2005. Este caso
ejemplifica lo señalado por el informe de la OCDE respecto de que
Chile aún carece de una estrategia nacional de desarrollo sustentable
que integre adecuadamente las consideraciones ambientales con las
decisiones económicas y sectoriales.
4.3.5 La percepción de los diversos actores
Si bien no se ha realizado una evaluación sistemática de la percepción
de los diversos actores sociales relevantes respecto del estado
de conservación de la biodiversidad en Chile, esta se ha manifestado
indirectamente en diversos espacios tales como seminarios, talleres
y publicaciones diversas. En general se percibe que el país avanza
en materia de desarrollo institucional y normativo, aunque a un ritmo
bastante más lento del esperado. En el plano de la implementación de
las políticas, planes e iniciativas, los avances son percibidos como
insuficientes. Esto hace que los objetivos de conservación queden declarados
en los instrumentos de alto nivel pero que no necesariamente
sean viabilizados a través de las instituciones con asignaciones de
funciones, capacidades y recursos que permitan su puesta en práctica
de modo efectivo.
En el ámbito académico, existe una creciente cantidad de científicos
abocados a problemas de ciencia básica en conservación de
biodiversidad. También ha habido un desarrollo de centros dedicados
a estudiar la institucionalidad ambiental y las políticas públicas para
la conservación de la biodiversidad. Se percibe la necesidad de una
focalización de los recursos públicos en temas de biodiversidad,
por ejemplo, a través de programas específicos de CONICYT. Existe
preocupación por la escasez de taxónomos y la ausencia de iniciativas
públicas para fomentar la formación de nuevos cuadros de especialistas
en esta área.
En el ámbito productivo, persiste el temor a que las iniciativas de conservación
de la biodiversidad deriven en trabas para el crecimiento
económico. No obstante, este sector muestra una tendencia a moverse
en la dirección de sus competidores externos del mundo desarrollado
en materia de responsabilidad ambiental y conservación de recursos
naturales y biodiversidad.
Entre las organizaciones de la sociedad civil, existe una percepción
crítica respecto del accionar de Estado y el sector productivo respecto
de los objetivos nacionales de conservación de la biodiversidad. El
fondo de la preocupación es la baja prioridad relativa de los objetivos
de conservación de biodiversidad frente a los objetivos de crecimiento
económico. Un ejemplo de esto es la creciente pérdida de confianza en
SEIA como instrumento diseñado para cautelar que los proyectos de
inversión no externalicen sus costos ambientales sobre la naturaleza.
Situaciones como el ya señalado caso del Santuario de la Naturaleza
del Río Cruces, donde el SEIA fue sobrepasado y se ha favorecido la
continuidad de la operación de un proyecto industrial por sobre la
protección de un área protegida, son percibidas como manifestaciones
de que la protección de la biodiversidad sigue siendo una prioridad
secundaria del Estado.
INFORME PAÍS • ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE EN CHILE • 2005
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