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en el futuro próximo en el país.
Los planteamientos que recoge esta sección están organizados en
cuatro categorías: política y gestión ambiental, sistema de evaluación
de impacto ambiental (SEIA), gestión ambiental privada y participación
e información.
7.2 Política y Sistema Nacional de
Gestión Ambiental
• Resulta necesario integrar de manera coherente tres ámbitos
diferentes: el del Estado con un amplio abanico de instrumentos
de regulación directa e indirecta, el de la comunidad que se organiza
para velar por la protección del medio ambiente, en particular a través
de ONG, y el de las preocupaciones ambientales de los agentes del
mercado, en especial el mercado de exportación, creando incentivos y
desincentivos ambientales (9).
• El Director Ejecutivo y los Directores Regionales de la
CONAMA, en cuanto autoridades ambientales, no tienen la jerarquía
política necesaria para respaldar sus actuaciones. La creación de un
Ministerio del Medio Ambiente otorgaría ganancias en este aspecto.
• CONAMA no es percibida como una entidad independiente
de presiones y técnicamente competente. Carece de apoyo político y
ha sido descalifi cada por autoridades importantes del Gobierno, lo
que le resta peso como órgano coordinador de la gestión ambiental.
• Los contextos de gestión pública, muchas veces, caen en
inefi cacias, dado los cambios suscitados por la aparición de nuevos
tomadores de decisión ante la asunción de un nuevo Gobierno. Hay
ciertos contextos de gestión que, por lo tanto, no mantienen la debida
memoria histórica, lo que se traduce en problemas para afianzar
iniciativas de desarrollo en materia ambiental, como por ejemplo, el
desarrollo e implementación de políticas, planes y estrategias.
• Algunos sectores sostienen que la actual legislación es sufi
ciente para lograr objetivos ambientales compatibles con la necesidad
del país, sin embargo, esto no se estaría logrando debido a una
falta de gestión. Un tema que debería ser solucionado es el conflicto
entre CONAMA y los organismos sectoriales.
• Es necesario profundizar en la relación de las alrededor
de mil disposiciones jurídicas con contenido ambiental anteriores a
la Ley 19.300 y el Artículo 1° de la ley. Por otra parte, también es
necesario establecer los efectos colaterales de la legislación ambiental
en relación con otros cuerpos legales sectoriales (Código Civil,
Código de Aguas, Código Sanitario, Código de Minería, entre otros) y
los tratados internacionales (5).
• Se plantea como una debilidad del sistema de gestión
ambiental la falta de facultades fiscalizadoras de la Dirección Ejecutiva
y de las Direcciones Regionales de la CONAMA, limitadas hasta ahora a
un rol básicamente coordinador. El origen de esta carencia radica en el
hecho de que CONAMA, desde su génesis, fue definida como un órgano
coordinador, por lo que carece de otras facultades, como por ejemplo,
la fiscalización. Si se tratara de hacer prevalecer lo ambiental por sobre
otras políticas de Estado, se requeriría otra institucionalidad, lo que abre
el debate de si esta línea es o no aceptable, o bien, adecuada.
• Existe un consenso generalizado respecto de la incapacidad
de los Servicios Públicos con competencias ambientales para fiscalizar
adecuadamente el cumplimiento de las normas ambientales, debido
a la insufi ciencia de recursos humanos califi cados y fi nancieros.
Una opción para enfrentar esta debilidad es aumentar la fiscalización
estatal, por ejemplo, aumentando el número de fiscalizadores o mediante
cambios en la institucionalidad, como lo sería la creación de
una Superintendencia Ambiental. Subir las multas aportaría a hacer
valer más el ejemplo de prácticas duras por sobre el intentar un mayor
control. También se propone, desde la misma CONAMA, incorporar la
certificación de cumplimiento a través de auditores privados acreditados,
tanto respecto de las RCA así como de otros instrumentos.
• La fiscalización como referencia obligada de la acción para
mejorar la protección ambiental es un enfoque ineficiente. Finalmente,
se requeriría un fiscalizador por cada actor, y siempre quedará abierta
la pregunta de quién controla al fiscalizador. El verdadero desafío es
la transformación de un sistema social y productivo incapaz de autocontrolarse
por otro que, mediante mecanismos estructurales de
regulación, determine un mejor desempeño ambiental y, por cierto,
productivo y social. La ausencia de fiscalización es un problema del
Estado, no de la CONAMA. El modelo actual podría ser inviable al
respecto, ya que no promueve adecuadamente acciones de regulación
entre el sector privado.
• Se observan debilidades en la implementación de acciones
de trascendencia, como es el caso del Plan de Descontaminación de
la Región Metropolitana donde, después de años de discusiones y de
intentos, todavía parecen haber visiones técnicas contrapuestas que
confunden a la comunidad que, por lo demás, siente que en el tema
de la descontaminación de Santiago no hay mejoramiento alguno,
aún con la existencia de algunos logros. Al respecto, en la práctica
pareciera observarse que el planteamiento es que la contaminación de
Santiago se soluciona sin considerar el desarrollo urbano y la descentralización
del país, lo que resulta débil. Al respecto, no se distinguen
medidas efectivas para incentivar la instalación de industrias en regiones.
Las zonas industriales exclusivas son muy pocas y limitadas.
• El desafío existente en las diversas regiones del país con
relación al desarrollo sustentable obliga a la adecuada articulación de
los actores públicos y privados presentes en el territorio. En tal sentido,
se observa que en la actualidad las regiones, en muchos casos,
no cuentan con la capacidad de gestionar temas que requieren de miradas
de largo plazo, lo que es un síntoma de la centralización del país.
A nivel regional y local, no se estaría gestionando entonces el futuro
de la manera como requieren las prácticas de desarrollo sustentable.
INFORME PAÍS • ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE EN CHILE • 2005
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