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Mª Eugenia Claps y Pedro Pérez (Coords). Fiscalidad, medio ambiente…
(IELAT – Diciembre 2011)
suponía un total de unos 2.500.000 habitantes 250 .
La nueva Carta Magna de 1821, tras proclamar la igualdad de todos los ciudadanos (lo que
supuso la cancelación del tributo indígena, la manumisión de los esclavos y el final del
Tribunal de la Inquisición) y declarar que quedaban abolidos todos los fueros personales,
dispuso que todos los ciudadanos estaban obligados a contribuir a los gastos del Estado (art.
5) y señaló que era responsabilidad del Congreso fijar los ingresos y gastos de la República
anualmente, así como establecer los mecanismos adecuados para su adecuada gestión (art.
55). Como novedad, se creó una Secretaría de Hacienda (art. 136), pero en ninguno de sus
artículos se señaló de forma explícita cómo debían establecerse los ingresos, ni se
estableció de qué forma se repartirían los recursos públicos del Estado entre los respectivos
departamentos, provincias, cantones y parroquias 251 .
El mando de los departamentos recayó en los intendentes (todos militares). La función
judicial fue ejercida por profesionales para garantizar la división de poderes. Las
responsabilidades de defensa recayeron en los comandantes de los departamentos. Los
intendentes de los departamentos y los gobernadores de las provincias estuvieron
acompañados por un juez de hacienda, un secretario y algunos oficiales auxiliares para
administrar la hacienda pública. Los cantones (municipios) quedaron sin rentas propias, por
lo que quedaron dependientes de los servicios ofrecidos por los intendentes. El Congreso
reunificó los antiguos tribunales de cuentas en un uno solo, la Contaduría General de
Hacienda, a la que se encargó de examinar todas las cuentas de las tesorerías y
administraciones de todas las rentas públicas; eliminó las alcabalas, el tributo, el derecho de
sisa y de mazamorreros y el estanco del aguardiente; unificó todos los antiguos impuestos
cobrado en los puertos en un solo, el derecho de importación; mantuvo el derecho de
toneladas cobrado a los buques; unificó en un solo impuesto, el derecho de consumo, el
resto de los gravámenes cobrados en los puertos; declaró las salinas rentas nacionales
administradas directamente por la República o por concesionarios; mantuvo el cobro del
derecho del quinto de minería para todas las extracciones de oro, plata y cobre; prorrogó los
derechos de amonedación en las dos casas de moneda existentes (Bogotá y Popayán);
250 Eduardo Posada Carbó (Dir.), Colombia. Crisis imperial e independencia (1808-1830), Fundación Mapfre,
Madrid, 2010, p. 64. Armando Martínez Garnica, “La invención de una nación”, en Armando Martínez
Garnica (Dir.), Historia de la independencia de Colombia. Vol. I. Revolución, independencias y guerras
civiles, Alta Consejería Presidencial para el Bicentenario de la Independencia, Fundación Bicentenario de la
Independencia de Colombia, Bogotá, 2010, pp. 193-207.
251 Armando Martínez Garnica, Martínez Garnica, Armando, La agenda liberal temprana en la Nueva
Granada (1800-1850), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2006, p. 155-161.
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