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Mª Eugenia Claps y Pedro Pérez (Coords). Fiscalidad, medio ambiente…
(IELAT – Diciembre 2011)
clero secular, en manos de nadie. El proceso de desamortización imponía que se modificara
la base de los repartimientos, tarea lenta y difícil. Existía una gran desigualdad entre las
provincias: unas han incorporado las fincas nuevas al total de la riqueza territorial donde se
reparte el cupo; otras, sin embargo, donde esa riqueza representaba la tercera parte de los
bienes, al exceptuarse la contribución, el cupo recaía en un círculo sumamente pequeño y la
carga tributaria era insoportable. De este modo, quedaba claro que la gran dificultad en el
cobro era la injusticia: cuando las contribuciones son proporcionadas a las posibilidades
de los contribuyentes se cobran bien, pero cuando exceden como la actual se imposibilita
el pago. 192 En definitiva, por todo ello, la comisión decidió que la cantidad asignada a la
riqueza territorial en el repartimiento debía incluir las fincas declaradas propiedad del
estado que no estuviesen cargadas con un tributo, rebajándose el cupo a cada pueblo que le
hubiese tocado esas fincas para contribuir. 193
Efectos de la aplicación de la ley CEG
La ley de CEG siguió generando polémica una vez aprobada y puesta en vigencia. En
ocasión de la interpelación de las Cortes al Ministro de Hacienda, Pita Pizarro, -debido a su
decisión arbitraria de exceptuar de la contribución a los arrendatarios pero no a los
propietarios- se debatieron cuestiones substanciales relativas al sistema fiscal que se
pretendía. ¿Sobre quién recaía la carga de la contribución? ¿Quién pagaba la guerra, a
través de los impuestos: el propietario, el arrendatario o el consumidor? 194
La ley establecía que el diezmo se aplicaría por mitades: una, al culto y clero y la otra a la
CEG. La cuestión era determinar si el cupo de esta se fijaba para propietarios o
arrendatarios. Si se imponía sólo a los propietarios, el diezmo de las tierras arrendadas -una
vez suprimido- beneficiaría sólo a los arrendatarios y no a aquellos. Esto lleva implícito que
la producción agrícola pertenece a los primeros y entonces se desprecia al capital de la
tierra y a los instrumentos del trabajo. Es imposible que haya producción agrícola sin que
estas tres cosas concurran. Al levantarse una carga se debe favorecer a estos tres
elementos constitutivos de la riqueza agrícola. Es evidente e incontestable que los
propietarios se hallan explícitamente perjudicados y que la resolución es inadmisible.
192 Ibid p. 809 Diputado Santillán
193 DSC 24.12.1838 p. 782 Apéndice 2° Dictamen de la comisión.
194 DSC 7.2.1839 p. 1585-1592. La interpelación estuvo a cargo del Diputado Puch. Todas las citas en
cursivas le pertenecen.
Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá |
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