37comisión parlamentaria evaluar y decidir a quiénes darles la concesión de un determinadoespacio del espectro por el plazo de 15 años (en el caso de la televisión), y es también estacomisión quien autoriza, o no, la renovación de la concesión al <strong>final</strong>izar ese plazo (a menudo,quienes aprueban la concesión o renovación son “dueños” de esos medios – directa oindirectamente-).Teóricamente, todavía, nuestra Cons tución garan za el derecho humano universal a lacomunicación, y prohíbe la venta o tercerización de concesiones y espacios, tanto como lapropiedad de medios de comunicación por parte de personas que ejercen la polí ca.Muchas de estas determinaciones son logros de la úl ma Cons tución, de 1988. Comoconsecuencia de la misma se elaboró, en 2010, el proyecto de Ley General de la ComunicaciónSocial, que propuso la creación de la Agencia Nacional de Comunicación (ANC) para disponersobre las posibles irregularidades en las transmisiones de radio y televisión, prohibiendo porejemplo, que las personas que enen mandatos polí cos posean concesiones <strong>públicas</strong> de radioy televisión, como establece la Cons tución. Pero esa propuesta no llegó a ser implementada.Así es que, en la prác ca, se sabe de muchas personas que hacen polí ca (o sus familiares) ya la vez son dueñas de medios de comunicación; se sabe que algunas emisoras pasan a terceraspersonas –conocidas- algunos horarios y parte de su programación; que algunas sobrepasanpor mucho el 25% de empo máximo permi do para la emisión de publicidad; que hay unmonopolio/oligopolio de los medios de comunicación; y que el marco regulatorio que tenemoses anterior a los satélites y a la existencia de internet, no abordando una serie de áreas que hoyaún están carentes de reglamentación.Por eso, fue grande la expecta va cuando el gobierno de Ignacio Lula Da Silva <strong>final</strong>menteconvocó a una Conferencia Nacional de Comunicación, que se realizó en 2009, en las instanciasmunicipal, estatal y nacional.La Conferencia era “tripar ta”, garan zando la presencia de representantes del gobierno, delas empresas del sector, y de la sociedad civil organizada. Las decisiones, en las cues onespolémicas ( tuladas “cues ones sensibles”), debían ser tomadas por una mayoría de un 60%, ycontar con, al menos, un voto de cada uno de los tres segmentos.En la Conferencia se logró aprobar la propuesta de un nuevo marco regulatorio,contemplando las demandas de los diversos segmentos presentes, entre los cuales estaban elmovimiento feminista, el movimiento negro, el movimiento LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexualesy Trans), y otros más. Estos movimientos reclamaban una mayor diversidad y pluralidad en surepresentación -rechazando la invisibilidad selec va a la que estaban some dos- tanto como lademocra zación en el acceso a los medios de comunicación.El entonces responsable de la Secretaría Nacional de Comunicación del Gobierno Federal,
38Franklin Mar ns, acogió las propuestas, las some ó a una comparación con la situación dealgunas democracias menos polémicas, y posteriormente propuso también encaminar lapropuesta hacia un referéndum.Sin embargo, al fin de su ges ón, el proyecto terminó en un cajón y, por más que la sociedadcivil intentó presionar, los grandes medios rechazaron cualquier cambio o propuesta dereglamentación, que caracterizaron como “censura” y como “cercenamiento a la libertad deexpresión y al derecho humano a la comunicación comercial” (en verdad, defendían solamentela libertad de comunicación empresarial). Y el gobierno permaneció inmóvil en relación al tema,probablemente evaluando el desgaste posible y la poca adhesión a la causa por parte delParlamento, mayoritariamente conservador y encolumnado detrás de la defensa de losintereses empresariales.Después de la realización de la Conferencia, desde el feminismo y otros sectores de lasociedad civil sensibilizamos a algunas y algunos legisladores locales y estaduales, queesbozaron proyectos de ley sobre un Consejo Municipal de Comunicación Social y un ConsejoEstatal Parlamentario de Comunicación del Estado de San Pablo. Ambos proyectos estántodavía en discusión y no fueron encaminados al debate en sus respec vos foros de aprobación.El PLIPTiempo después -y frente a la aparente poca disposición del Ministerio y de la Secretaría deComunicación para encaminar el proyecto de un nuevo marco regulatorio para discu r en elParlamento (que es predominantemente conservador, con lo cual crearía muchas dificultades)-, la sociedad civil organizada alrededor del Foro Nacional por la Democra zación de laComunicación (FNDC) sinte zó las principales demandas expresadas en la propuesta aprobadaen la Conferencia de Comunicación y se propuso presentarla directamente para la discusión enel Congreso, como un proyecto de Ley de Interés Popular (PLIP). Para eso, el referido proyectodebería recoger nada menos que 1.300.000 firmas, lo que no es nada fácil conseguir.Hubo controversia entre el movimiento feminista y el resto del FNDC, en función de la faltade establecimiento de límites de empo y otras reglas vinculadas a la “vehiculización” deprogramación religiosa, a la vez que se establecían límites claros y estrictos para losmovimientos sociales.Esto debe relacionarse con que tanto el movimiento feminista, como el negro y LGBT,recibieron grandes embates en el úl mo año por parte de la bancada evangélica, que propusoproyectos de ley como “El Estatuto del No Nacido” (que da al feto, desde el momento de su
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