políticas públicas final (web)

87producción nacional independiente, así como de la cultura venezolana. Este úl mo punto esquizás de los aspectos más notorios y posi vos de la aplicación de la Ley RESORTE: desde suaprobación, en 2004, se han abierto nuevos espacios para la difusión de produccionesaudiovisuales y sonoras de factura nacional, lo cual ha dado un es mulo al movimientoaudiovisual y musical venezolano.Pero la atención en torno a la Ley RESORTE ha estado concentrada, fundamentalmente, ensu naturaleza puni va, la cual ha sido el punto de par da de la aguda polémica suscitada tantoantes como después de su aprobación. En un hecho sin precedentes, quienes detentan lapropiedad de los medios, periodistas, asociaciones gremiales, ac vistas y organizaciones nogubernamentaleshicieron causa común en oposición a la ley por considerar que la mismaatentaba contra derechos fundamentales amparados por la Cons tución de Venezuelaadoptada en 1999: la libertad de expresión, comunicación e información. La organización nogubernamentalde derechos humanos PROVEA, señaló que la ley:“(…) incluye adje vaciones o condicionamientos previos a la difusión informa va(veracidad y oportunidad) que son contrarios al desarrollo del contenido delderecho. Igualmente incluye un amplio catálogo de infracciones o violaciones a laley, sanciones de mucha severidad económica (incluye revocatoria de permisos) yuna composición mayoritaria del ejecu vo nacional en el ente regulador quepueden afectar nega vamente el ejercicio del derecho en los mediosradioeléctricos”.Según el inves gador Gustavo Hernández , la Ley RESORTE es un instrumento legalinterpretado desde el prisma ideológico y económico del oficialismo. Añade que el gobierno hapresionado a los propietario/as y gerentes de medios para que despidan a periodistas, personasen cargos direc vos de medios impresos, o para que suspendan programas de opinión,cercenando la libertad de expresión y el derecho de una persona a estar verazmente informada.Cita que, sólo en el año 2005, a poco empo de aprobada la ley, se registró una reducciónimportante de programas de opinión al aire, lo cual hace evidente el efecto de censura autoimpuestaen los medios masivos de comunicación. Esta situación se vio acentuada por laaprobación de una reforma parcial del Código Penal (2005), y la modificación en 2010 tanto dela Ley de Telecomunicaciones como de la Ley RESORTE. La reforma del Código Penal amplió laspenas y la protección del honor y reputación a otras personas en cargos públicos, más allá de lasya previstas (altos cargos de los poderes ejecu vo, legisla vo y judicial), con lo cual no sólo selimitó el escru nio ciudadano de la ges ón pública, sino que se comprome ó la libertad deexpresión e información al profundizar los delitos de desacato o vilipendio y aumentar ladiscrecionalidad de jueces y juezas para decidir si una conducta o expresión acarrea acciónpenal .En el caso de la Ley de Telecomunicaciones y la Ley RESORTE, las reformas están orientadas a