Pactos para la igualdad: Hacia un futuro sostenible

Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible
5. Conclusión
Igualdad social, sostenibilidad ambiental y dinamismo económico con un enfoque innovador no deben estar
reñidos entre sí. El gran desafío es encontrar las sinergias entre ellos. La visión estratégica que reúne estos tres
ámbitos debe contener tres premisas básicas, a saber: crecer para igualar, igualar para crecer, y crecer e igualar
con sostenibilidad ambiental.
El estilo de desarrollo prevaleciente en la región muestra una inercia o un “equilibrio” que erosiona las bases de
su propia sostenibilidad. La estructura productiva, la infraestructura específica, el paradigma tecnológico dominante
—con escasa innovación productiva—, políticas de incentivos económicos y subsidios mal orientados y la matriz de
consumo de bienes privados y públicos generan un equilibrio de muy baja sostenibilidad ambiental. Para revertirlo
se requiere, sin duda, de políticas de Estado que se construyan sobre la base de amplios pactos sociales, con hojas
de ruta claras y una orientación de largo plazo.
El transporte es un caso elocuente de “des-equilibrio” en las combinaciones público-privado o individual-colectivo.
La baja elasticidad-precio de la demanda de gasolinas sugiere una escasa presencia de sustitutos adecuados del
transporte privado. La alta concentración del gasto en gasolinas en el quintil superior alerta sobre la segmentación
en las modalidades de transporte de la población. La falta de un trasporte público moderno, seguro y de calidad
conduce a la preeminencia del transporte privado en el gasto de los quintiles de mayores ingresos (Galindo y otros,
2013). Esta estructura del consumo tiene, en muchas ocasiones, un alto impacto ambiental que ocasiona importantes
externalidades negativas, principalmente en zonas urbanas donde se observa que la calidad del aire no cumple
normas de salud internacionales. Esta configuración no es ajena a los factores de economía política, que se traducen
en dificultades para eliminar subsidios como los destinados a los combustibles fósiles.
El incremento de la demanda de bienes duraderos tiene también consecuencias directas negativas para el medio
ambiente y la población, aparte de sus bondades en relación con el aumento del bienestar material. En primer lugar
genera más residuos sólidos y desechos peligrosos y, en segundo lugar, implica un mayor consumo de energía. En
América Latina y el Caribe este consumo presenta, al igual que el de gasolinas, una alta elasticidad-ingreso y una
baja elasticidad-precio en comparación con otras regiones.
Difícilmente puede controlarse solo a través de los precios el aumento del consumo de energía y de la gasolina
asociados al crecimiento económico. Esta dinámica tiene impactos negativos en forma de contaminación atmosférica y
perjuicios para la salud en las zonas urbanas, así como en lo relativo a las emisiones de CO 2
que inciden en el cambio
climático. Más allá de nuestra región, el incremento de estos consumos a escala mundial es además incompatible
con un desarrollo sostenible, atendiendo, por ejemplo, a las metas climáticas de mitigación de emisiones de CO 2
para 2050, que no podrán alcanzarse si sigue creciendo el consumo de energía basado en combustibles fósiles
(Hepburn y Stern, 2008).
Transitar hacia un desarrollo sostenible requiere reconocer los beneficios del consumo, pero también sus
riesgos, a fin de poder diseñar las intervenciones públicas necesarias para mitigarlos o minimizarlos. Una estrategia
impositiva sobre los combustibles fósiles puede contribuir, además de a reducir el elevado dinamismo de la
demanda, a generar recursos fiscales adicionales para construir una nueva infraestructura urbana o crear fondos de
solidaridad intergeneracional. Esto no solo implica gravar adecuadamente las externalidades negativas originadas
por los combustibles fósiles, sino también evaluar el diseño de políticas compensatorias destinadas a los estratos de
bajos ingresos que pueden verse afectados como consecuencia de alzas de los precios de los combustibles o por los
efectos de segunda vuelta que estas pueden tener sobre los precios de los alimentos o el transporte público. Además
es preciso considerar medidas para aumentar la tasa de evacuación de residuos sólidos en rellenos sanitarios y buscar
alternativas de aprovechamiento y tratamiento de esos residuos antes de su depósito o eliminación. También en este
caso los incentivos económicos pueden resultar útiles para aumentar los índices de reciclaje, tratamiento térmico
y aprovechamiento de los desechos para la generación de energía, entre otras posibilidades. Ahora bien, cuando la
elasticidad-precio de bienes clave es baja, no bastan las medidas impositivas ni las modificaciones de los precios
relativos. Es necesario ampliar la oferta de energías limpias para sustituir las más contaminantes, así como aplicar
estándares y restricciones a fin de limitar el uso ineficiente de los recursos naturales y adoptar políticas de apoyo a
la reconversión.
Capítulo V
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